Espelosín, dispuesto a pedir a los propietarios de los solares de la plaza de Castilla que reduzcan la edificabilidad

El arquitecto Eduardo Leira, responsable de la oficina municipal que elaboro el Plan General de Madrid, afirmó ayer que la fijación en el planeamiento de los 125.000 metros cuadrados en la plaza de Castilla, hoy propiedad del grupo kuwaití KIO, se tomó tras medir los riesgos en que se ponía al Ayunta-miento ante una reclamación judicial y considerar, a la vista de los antecedentes, que cualquier tribunal habría dado la razón a la propiedad. Por su parte, Jesús Espelosín, responsable municipal de urbanismo, señaló que estaba de acuerdo con la propuesta de IU de pedir a la propiedad que reduzca la edificabilidad de las torres de la plaza de Castilla.

Eduardo Leira realizó esta afirmación en el curso de una mesa redonda que sobre el tema de la plaza de Castilla fue organizada ayer por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Entre las intervenciones destacó la de Javier Carvajal, arquitecto y miembro del jurado que debía fallar el concurso nacional sobre el estudio de detalle a ejecutar, y que afirmó que éste quedó desierto, pues los mejores arquitectos fueron excluidos desde el principio por cuestiones jurídicas y por no cumplir unas bases que él consideraba restringidas.Al debate sobre la plaza de Castilla acudieron Jesús Espelosin, quien afirmó estar de acuerdo con la propuesta de Izquierda Unida de pedir a la propiedad que reduzca la edificabilidad que posee en la zona; Enrique Villoria, quien, en nombre del grupo de concejales de AP, dijo que ante la aprobación del volumen citado en el Plan General sólo quedaban como alternativas la de dejar construir ola de indemnizar; José Luis Garro,representante del CDS, quien destacó los efectos negativos que el proyecto tendrá para la circulación en la zona y las dudas que su grupo mantiene sobre si el estudio de detalle que se quiere aplicar cumple o no el Plan General, y Francisco Herrera, portavoz de IU, que se manifestó partidario de compensar con otros terrenos municipales la edificabilidad que se le pudiera restar al grupo KIO en la plaza de Castilla.

Eduardo Leira, como responsable en su día de la oficina que redactó el Plan General, afirrnó que era un hecho incuestionable el convenio firmado en octubre de 1984 por el Ayuntamiento y Urbanor, entonces propietaria de los terrenos. "En el convenio reconocimos 125.000 metros cuadrados y asumo la responsabilidad de haber recomendado su firma a Jesús Espelosín. No se puede olvidar que en 1981 la propiedad solicitó una licencia para construir en una de las parcelas y que los servicios municipales llegaron a dar su informe favorable, aunque éste se produjo unos días después de que se hubieran suspendido codas las diligencias por la tramitación del Plan".

"Si los servicios municipales reconocían el derecho de la propiedad en una de las parcelas", señaló Leira, "implícitamente reconocían su derecho sobre la otra. Cuando tuvimos que estudiar las alegaciones presentadas por Urbanor a la reducción que proponíamos desde la oficina del Plan, medimos los riesgos y, de acuerdo con los documentos históricos y recientes que se poseían, consideramos que el Ayuntamiento podía perder en cualquier tribunal".

Leira afirmó, sin embargo, que frente a esta situación jurídica se intentaron establecer unas contrapartidas orientadas a "obligar a la propiedad a comprometerse con la ciudad, con la remodelación de la plaza de Castilla, la resolución del intercambiador de transportes previsto en la zona, además de con sus responsabilidades como promotor. Sin embargo, el estudio de detalle que se ha elaborado lo único que hace es simplificar las cosas a la propiedad, le quita todos los inconvenientes y plantea una actuación referida únicamente a solucionar el problema de unos solares. La propiedad quiere eludir sus responsabilidades con el beneplácito del Ayuntamiento".

Pedro Sentieri, uno de los arquitectos redactores del estudio de detalle y portavoz en la mesa redonda de ayer del grupo KIO, afirmó que el estudio de detalle les fue encargado con el encarecido ruego de que concretasen lo menos posible el volumen con el fin de dejar libertad a los arquitectos que redactarán el proyecto definitivo; "por ello, las torres pueden tener 27 plantas, pero no necesariamente las tendrán".

Enfrentamientos

Javier Carvajal, miembro del jurado que estudió los proyectos presentados al concurso, tras afirmar que no habían sufrido ninguna presión, reconoció que

había habido un enfrentamiento entre la propiedad y los arquitectos del jurado designados libremente. "A la propiedad le interesaban sus volúmenes y a nosotros nos interesaba que participaran buenos arquitectos. Se nos contestó que esos que ustedes llaman buenos arquitectos no nos interesan".

Herminio Mínguez, secretario de la Asociación de Vecinos San Cristóbal, expuso, asimismo, la protesta de sus convecinos por lo que denominó "el urbanismo de mercado que se realiza desde 1983". Según el portavoz vecinal, la asociación no está en contra de las torres, sino del efecto que van a tener en la zona.