Administrar desde menos que la nada

En la legislatura que termina, la política del Gobierno de la Generalitat en materia de administración pública ha mantenido un lento ritmo de adagio para en el último momento entrar en un casi frenetico allegro molto vivace que ha permitido acabar el concierto no demasiado lejos del fin de la partitura. Formalmente, y una vez prácticamente agotada la época de los traspasos, la partitura del programa electoral de Convergència i Unió para las anteriores elecciones al Parlamento de Cataluña se basaba en la aprobación de la ley catalana de la Función Pública, promulgada finalmente el 23 de julio de 1985, y en la racionalización iniciada este último año. Los grandes objetivos -eficacia, objetividad, sensibilidad a las demandas sociales y catalanidad- siguen siendo, sin embargo, metas a perseguir en próximas legislaturas.

En las elecciones celebradas en el año 1984 ya se puso de manifiesto la imposibilidad de crear una Administración catalana ex novo, es decir, partiendo de cero y soslayando los vicios históricos de las viejas administraciones. De hecho, la función pública de la Generalitat es la suma de los traspasos recibidos desde la Administración central, heredando -inevitablemente- muchos de sus vicios.Sólo los servicios centrales de cada departamento gubernamental se han creado desde la nada, dado que el ministerio homólogo sólo traspasaba sus servicios periféricos.

Maria Lluisa Florensa, directora general de la Función Pública del Departamento de Gobernación de la Generalitat, admite que Cataluña ha seguido como modelo de administración el clásico del Estado español, forzada por el artículo 149 de la Constitución, que deja en manos del poder central las bases de organización de todo el funcionariado para evitar discriminaciones. De hecho, sólo Navarra, especial en muchas cosas, se ha permitido innovar en esta materia amparada por, su singularísima condición legal.

Optar por nuevas vías, dice la directora general de la Función Pública, hubiera supuesto hipotecar cualquier actuación a la posterior sentencia del Tribunal Constitucional. "Pero no estamos frustrados", asegura Florensa, "porque hemos logrado rejuvenecer y catalanizar en su gran mayoría al personal transferido, sin traumas ni especiales dificultades".

El fuerte pisotón dado sobre el acelerador desde hace ya unos meses permite exhibir un buen triunfo logrado muy recientemente: el acuerdo-marco para el personal laboral, gracias al cual los 90 convenios colectivos distintos que regían las relaciones laborales han quedado reducidos a una treintena.

Con el acuerdo-marco se han racionalizado sensiblemente los mecanismos retributivos y de organización, y en ello coinciden tanto la Generalitat como los sindicatos. Al tiempo, se ha consolidado la jornada partida -se trabajará por la mañana y por la tarde-, con lo que ello supone de profesionalización y mejor servicio al público.

Entre los mejor pagados

Pero la segunda parte de la racionalización, consistente en la creación de un catálogo de categorías y mecanismos de orden intemo (es decir, un importantísimo manual de instrucciones para el buen funcionamiento de la Administración catalana) ha suscitado reticencias entre los sindicatos. El catálogo elaborado por la Generalitat establece, entre otras cosas, un nivel homogéneo de retribuciones para todos los funcionarios y contratados, sean del servicio que sean.La equiparación se ha hecho por arriba, es decir, respetando los salarios más altos y subiendo los más bajos, lo que en su conjunto representa un importante incremento en el conjunto de los sueldos, cercano al 20% de aumento global. Se trata, según Maria Lluisa Florensa, de un paso más en la apuesta por la profesionalización y contra el funcionariado mal pagado pero pluriempleado.

Los sindicatos admiten, en rectora general y reconocen que, con las nuevas tablas salariales, los funcionarios catalanes están entre los mejor pagados de España, superados claramente sólo por los vascos. Sin embargo, los sindicatos no se muestran de acuerdo con el conjunto del catálogo, que, según ellos, deja en manos de la Generalitat y sin ningún tipo de control muchas cuestiones profesionales -ingresos, promociones, complementos, etcétera- de las que, en su opirión, deberían ser al menos informados los representantes sindicales.

En el catálogo se fijan asimismo unas normas para racionalizar las denominadas bufandas, complementos salariales extraordinarios que se abonan a fin de año de forma discriminada y que, en la opinión más extendida, han servido hasta ahora "para tapas bocas", de ahí el nombre que reciben.

Protestas sindicales

Según el proyecto de Catálogo elaborado, y de acuerdo con la ley catalana de la Función Pública, cada departamento presupuestará a principio de año una cantidad global para el pago de los complementos, que se concederán para premiar la productividad, las tareas meritorias o las de especial penosidad, así como los criterios por las cuales se decidirá a quién se otorgan. La decisión seguirá siendo completamente facultativa de los responsables de cada departamento, y ello es criticado por los sindicatos, que intentan participar de algún modo en el sistema de reparto.Hay coincidencia entre ambas partes, sin embargo, en que cualquier tipo de racionalización resultará útil para evitar muchas discriminaciones flagrantes cometidas hasta ahora. Un ejemplo de ellas es que mientras algunos funcionarios de Política Territorial percibían bufandás de hasta 500.000 pesetas netas, en Trabajo nadie cobraba ni una peseta por ese concepto.