Los juguetes llevarán un logotipo que garantice su inocuidad

El Consejo de Ministros de la CE aprobó ayer una directiva sobre seguridad de los juguetes, dirigida a evitar buena parte de las más de 10.000 muertes y 30.000 minusvalías que se producen cada año entre los niños europeos a causa de los llamados accidentes domésticos.La norma comunitaria entrará en vigor el 1 de mero de 1990 y representa el primer caso de armonización legislativa entre los países de la Comunidad en el ámbito de la protección al consumidor.

La directiva aprobada ayer, después de haber recibido el informe favorable del Parlamento Europeo, establece normas de seguridad mínimas a las que tendrán que ajustarse los fabricantes. La Oficina Europea de Uniones de Consumidores considera que esta disposición antepone los intereses de la industria juguetera a la protección de los 63,4 millones de menores de 14 años que viven en la Comunidad y que resultarán afectados por las nuevas normas.

La nueva normativa obliga a que, a partir de 1990 cada juguete lleve un logotipo indicador de haber superado los controles de la CE. Además, cada modelo dispondrá de etiquetas bien visibles en las que se especifiquen los modos de empleo y las edades a las que va destinado.

Las normas de seguridad más estrictas afectan a los juguetes eléctricos y a los que contienen elementos químicos. Estos últimos incurnran una advertencia expresa de que su manejo sólo podrá hacerse bajo la vigilancia de un adulto.

Títulos universitarios

Los fabricantes se verán sometidos a realizar adaptaciones en sus industrias, pero a cambio se beneficiarán de un mercado abierto, libre de normas técnicas nacionales y otras trabas que impidan la libre competencia entre ellos.El secretario general para la CE, Luis Javier Casanova, afirmó que la industria juguetera española está perfectamente preparada para asumir este reto. España es uno de los principales productores dentro de un sector que cuenta con 2.700 empresas en la comunidad y cuya facturación supera al año el medio billón de pesetas.

El Consejo de Ministros aprobó también una directiva sobre seguridad de los tractores, que no es más que la adaptación de otra norma antigua. Las discrepancias entre los doce surgieron a la hora de debatir los proyectos sobre renocimiento de títulos de enseñanza superior y concesión de permisos de residencia.

En el primero de los casos, la discusión se centra en el establecimiento de cursillos de adaptación o pruebas de actitud para que un profesional pueda ejercer sin ningún tipo de trabas en un país de la CE distinto al propio.

Para la concesión automática de permisos de residencia, el problema sigue siendo desde hace diez años la definición del nivel mínimo de ingresos que esas personas inactivas, estudiantes o jubilados, tienen que justificar que reciben de su país de origen.