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La conquista de Millares

Ocho vehículos de la Guardia Civil tomaron el pueblo valenciano tras la 'guerra de los bares'

"Cabo, como nos ha cerrado los bares, vamos a ayudarle a hacer la ronda". El cabo de la Guardia Civil debió considerar esta frase como una sublevación. "Aquí es que nos sublevamos mucho", bromea un funcionario del Ayuntamiento. Ocho vehículos de la Benemérita tomaron el pueblo de Millares, en la sierra de Valencia, a la mañana siguiente. Seis vecinos fueron detenidos, esposados y llevados ante el juez. "Xe, como criminales", dice el alcalde socialista. Entre los detenidos se encontraba Santiago Pérez, concejal del Centro Democrático y Social (CDS).

"Como me llamo Santiago, yo les dije: ¿No seré Santi Potros?". Un guardia aclaró al concejal centrista que "ése es más feo". La guerra, según el cartero jubilado, la ha iniciado el nuevo cabo "al tirar la primera bala".En Millares, un pueblo de 800 habitantes perdido en la sierra, la única diversión en 40 kilómetros a la redonda es el pub, el bar y la pequeña discoteca. El cine no funciona. El nuevo cabo, Juan Manuel Romero, decidió aplicar la ley y advirtió que los locales debían cerrar a la una de la madrugada. Ésta fue la primera bala.

En la madrugada del sábado al domingo pasados entró en vigor la nueva norma. Los jóvenes decidieron pasear tras el cierre de locales. Un grupo se acercó al cabo y a un guardia que hacían la ronda. "Se intercambiaron palabras no agradables", dice el alcalde, José Sáez, "pero nada más". Sáez dio orden de que se fueran todos a dormir y fue obedecido.

A la mañana siguiente, el domingo, ocho vehículos llegaron al pueblo y esposaron a cinco vecinos. El cabo fue al Ayuntamiento, donde había pleno, y también ordenó a Santiago Pérez que lo acompañara. "Parecía el golpe de Estado", dice el alcalde. Pérez se negó a ir, pero el alcalde le convenció e incluso le acompañó al cuartel de la benemérita.

"Como terroristas"

"Como terroristas", recuerda el concejal centrista. "Allí estaban mi hermano y los otros. Esposados y de cara a la pared". Así permanecieron durante horas Fueron fotografiados y les entintaron los dedos, "pa lo de las huellas". "No os toméis esto a cachondeo", les advirtieron los guardias. Y no se lo tomaron. Sobre todo cuando, ya en el coche celular, los guardias se equivocaron de dirección, yendo al juzgado de Chiva. "Me acordé del caso Almería", explica Manolo. Dentro del coche uno de los detenidos vomitó y otro pidió, sin éxito, sentarse delante porque se mareaba. "Pero como a los convictos no se les hace caso...".Millares pertenece al juzgado de Requena, que está a 70 kilómetros, pero allí las celdas están en obras. Así es que los llevaron a Chiva, a 47 kilómetros, pero el mal estado de la carretera que va a Millares y la equivocación de los guardias convirtieron el trayecto en una peregrinación de más de dos horas. En Chiva, la juez los dejó en libertad. "Allí vimos al fin la cara buena de la justicia".

"Hay que vivir y dejar vivir, fue lo único que yo le dije al cabo", comenta Antonio Tejero, militante de CC OO también detenido.

"¡Hombre!, hay quien les dijo dictadores y argentinos, por lo de la junta militar", explica Manolo, militante del CDS. "Si había que sacarles 100.000 pesetas por lo que habían dicho, pues se les saca. Que 150.000, pues también. Pero ir como criminales, eso no", interviene el alcalde, quien confirma que jamás ha habido denuncias de los vecinos por el ruido del bar o del pub. "Estoy de los nervios desde que entraron aquí para decirme lo de la hora", confiesa la camarera del pub.

El cabo declinó ofrecer su versión de los hechos. No estaba autorizado.

Los vehículos de Millares se quedan abiertos por la noche y con las llaves puestas. "Si está harto, aquí mucha falta no hace", manifiesta el alcalde con referencia al cabo, que llegó al pueblo hace un mes. "Nunca hubo problemas con el cabo de antes. Hombres como él hay que buscarlos con lupa", dice el cartero jubilado.

El juzgado de Requena tramita ahora el atestado de la Guardia Civil, que habla de atentado, y la denuncia de los detenidos contra la Guardia Civil por detención ilegal y malos tratos.

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