Ciudadanos bajo sospecha

Parece como si se hubiera perdido el rumbo. Desde diversos sectores, en los últimos meses, se está produciendo una descalificación sistemática, en ocasiones subliminal, de la clase política de este país. Se vierten descalificaciones globales, se insinúan intereses oscuros, se presenta ante la opinión pública a una clase política corrupta. Utilizando cada cual los medios a su alcance, las andanadas llegan desde distintas trincheras.Pero en último término, aunque sus objetivos sean quizá distintos, producen idénticos resultados: el desprestigio de las instituciones democráticas y de los que forman parte de las mismas.

No voy, desde aquí, por supuesto a erigirme en defensa corporativista de un sector: la clase política. De todo habrá en la viña del Señor. Pero aquí se están confundiendo los términos esenciales de la democracia.

Traigo estas reflexiones a colación a raíz de la publicación en EL PAÍS del reportaje Las Cortes y el mundo económico. Curiosamente la inmensa mayoría de los aludidos pertenece a grupos de la oposición. Pero aunque fuese al revés, mi opinión sobre la filosofía de fondo que se desprende de tan pintoresco reportaje sería la misma. Y es que todo parlamentario es sospechoso, según lo publicado, de votar o defender cualquier iniciativa legislativa en función de no se sabe bien qué ocultos e inconfesables intereses.

De todas formas, leyendo detenidamente la información se desprende que nada anormal se denuncia. Y que los supuestos relatados revelan un estado de confusión y desinformación que podría, incluso, sospecharse que ha sido elaborado por quien no conoce qué es ni cómo funciona un parlamento democrático. Porque en una economía libre de mercado, como consagra la Constitución en su artículo 38, cualquier ciudadano tiene derecho a desarrollar una actividad empresarial sin por ello dejar de ser elegido como representante de la. voluntad popular.

Sin embargo, con informaciones como las que vienen al caso, se transmite al ciudadano la impresión de que los parlamentarios, y por extensión los políticos, son los seres más corruptos del país. No pretendo insinuar que exista una mano inspiradora de las mismas, pero en todo caso afirmo rotundamente que con ellas no se consigue sino incrementar lo que se ha venido en calificar, tal vez en un exceso verbal, como vendaval antidemocrático.

Si los diputados y senadores agricultores, directos o no, no pueden preguntar o interpelar al Gobierno sobre agricultura, ¿quién lo tiene que hacer?

Si los diputados periodistas no pueden intervenir en una ley sobre cláusula de conciencia, pongamos por caso, ¿quién lo tiene que hacer? Si los juristas no pueden preguntar por la administración de la justicia, ¿quién lo tiene que hacer? Si los diputados empresarios no pueden interpelar o legislar sobre normas del mundo económico, ¿quién lo tiene que hacer? Si los inspectores de trabajo no pueden opinar sobre normas laborales, ¿quién lo tiene que hacer?

Los ejemplos pueden ser múltiples, tantos como profesiones se sienten en los escaños del Parlamento: sindicalistas, ingenieros, médicos, enseñantes... ¿O es que defender determinados intereses generales, sean de los sectores que sean, significa de entrada beneficiarse de la condición de diputado o senador?

Sospecha

¿Se está intentando poner bajo sospecha a todos los diputados y senadores? ¿O se está oficiando una gran ceremonia de la confusión sobre lo que. es y debe ser una democracia representativa en un país como el nuestro, falto, por razones obvias, aunque tan frecuentemente olvidadas, de una cultura democrática?

La dinámica iniciada, no sé si podrá beneficiar a alguien a corto o medio plazo. Pero, a la larga, no hace sino desvirtuar el concepto mismo de democracia, distanciar al ciudadano de sus representantes libremente elegidos y atacar frontalmente el principio supremo de la soberanía que reside en el Parlamento. Este principio debe ser inquebrantable si no queremos erosionar un régimen democrático que disfrutan los españoles y por el que tantos han dado lo mejor de sí. Diputados y senadores son elegidos por los ciudadanos de acuerdo con sus afinidades y con los intereses generales que defienden. Todo español es libre, de acuerdo con la ley, para elegir y ser elegido en condiciones de igualdad, sin que la actividad profesional que cada uno ejerce tenga que hacer recaer sospecha alguna sobre el elector o sobre el elegido. Eso es la normalidad democrática. No puede instaurarse el criterio de la sospecha generalizada. Si se cometen irregularidades, que se esclarezcan; si hay pícaros, que se les denuncie; si se abusa del poder que el pueblo ha conferido, que se desenmascare a quien así actúe. Pero no se ponga a todo un Parlamento bajo la sospecha de corrupción.

La dinámica que se está originando es grave y siembra desconfianza entre el pueblo y sus representados. Además, acaba siempre igual: distorsionando el régimen democrático y volviéndose contra el poder legalmente constituido. Es legítimo defender intereses generales o de grupos, es legítimo defenderse de los infundios o de las calumnias, siempre que se utilicen las vías democráticas existentes y dentro del respeto a la ley. Tan legítimo como que los distintos colectivos sociales recurran a quienes crean que mejor puedan representarles para defender sus intereses.

La soberanía es sagrada y ningún demócrata que se precie debe constribuir a su descrédito; ese es un mal ejercicio que en este país siempre ha tenido trágicos resultados. El ciudadano debe poder confiar en los representantes que ha elegido. Los casos aislados, si los hay, deben detectarse y denunciarse. Para ello, hay medios que nuestro sistema democrático tiene a disposición de quienes se vean en la necesidad u obligación de utilizarlos. De otro modo, la paranoia y la esquizofrenia pueden apoderarse de nuestra todavía joven democracia. Y arrojando una sombra de duda sobre los representantes de la soberanía popular quizá pueda alcanzarse el poder o permanecer en él, desde luego, pero las consecuencias tal vez sean luego irreversibles.