Una suspensión cautelar
El decreto de 21 de noviembre de 1986 que liberalizó la práctica del aborto y abría el caminó para la actuación de las clínicas privadas, fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo a finales del mes de diciembre de ese mismo año, a petición de Acción Familiar.Durante el año 1987 los grupos contrarios al aborto llevaron a cabo acciones para obstaculizar la aplicación de la ley y la labor de las clínicas autorizadas. Una de las asociaciones anti-aborto más activa es Jóvenes Pro Vida, que ha realizado con regularidad manifestaciones de alrededor de 60 personas frente a la clínica madrileña Dator Médica, autorizada desde principios de 1987 para realizar abortos. Coincidiendo con una de estas manifestaciones, el pasado 13 de abril una veintena de jóvenes con distintivos ultraderechistas intentó asaltar la clínica y golpeó a varios empleados y clientes.
Dator, junto al centro de planificación familiar Duratón, fueron de los primeros precedentes en sufrir detenciones masivas, ordenadas por el juez Carlos Valle a finales de 1987. Otro juez, Manuel García Castellón, ordenó en noviembre del año pasado un registro en la clínica Ginemédica de Valladolid.
