Justicia bloqueo el proyecto de Hacienda que daba al Tesoro el control de la remuneración de los registradores

La oposición del Ministerio de Justicia al propósito alimentado por el Ministerio de Economía y Hacienda ha logrado que el Gobierno desista por ahora de sustituir por tasas a ingresar en el Tesoro las actuales retribuciones que, en virtud del respectivo arancel, perciben de los particulares los notarios y registradores de la propiedad. El Ministerio de Justicia, del que dependen estos funcionarios, ha explicado las retribuciones millonarias que perciben los registradores en la necesidad de estimular el "trabajo de alta calidad" que realizan. Por su parte, juristas progresistas estiman anacrónico el arancel.

El Consejo de Ministros del viernes último acordó remitir al Parlamento un proyecto de ley que no sustituye los actuales aranceles de notarios y registradores, sino que se limita a establecer que su modificación la harán conjuntamente Justicia y Economía y Hacienda, y se encomienda a Hacienda la inspección de su aplicación. La satisfacción por esta medida ha sido manifestada en privado durante el pasado fin de semana por algunos registradores, que se congratulan del paraguas proporcionado por los notarios para impedir que la función registral se homologue en España con la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), en donde los registradores de la propiedad reciben sueldos del Estado.Economía y Hacienda, departamento del que es titular Carlos Solchaga, abordó hace unas semanas, en su anteproyecto de ley de tasas y precios públicos, la supresión del actual sistema por el que notarios y registradores cobran directamente de quienes reciben sus servicios, según un arancel vigente desde 1971. En su lugar, notarios y registradores recibirían el importe de las tasas que se establecieran por decreto, lo ingresarían en el Tesoro y recibirían del Estado sus retribuciones, teniendo en cuenta los gastos de mantenimiento de las oficinas públicas.

Participar en el 'negocio'

Según fuentes jurídicas, el propósito de Economía y Hacienda era eminentemente fiscal o recaudatorio y lo que pretendía era evitar que unos funcionarios públicos percibieran grandes cantidades sin la participación del Estado en el negocio. De ahí que ante la alarma de notarios y registradores, canalizada por el Ministerio de Justicia, y la promesa de estos funcionarios de colaborar en la transparencia fiscal de los actos documentados o inscritos por ellos, la drástica sustitución del arancel por la tasa haya sido eliminada.

Fuentes próximas al secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, declararon a este periódico que "lo de menos es que se llame tasa o arancel, si la actuación fiscal se ejerce sobre valores comprobables y no ficticios". Sin embargo, en medios jurídicos se resalta que no sólo importa la transparencia fiscal, sino también que la retribución de una función pública continúe en bolsillos privados. Recordaron que los agentes de cambio y bolsa y los corredores de comercio han dejado de cobrar por arancel porque las operaciones de mediación mercantil resultaban muy caras para las multinacionales, y "no ha pasado nada". Desde este punto de vista, fuentes de la Moncloa reconocieron a este periódico que "ha ganado Justicia", explicaron la dificultad de modificar el actual esquema estructural de notarios y registradores y se preguntaron si "su coste vale la pena".

Por su parte, el director general de los Registros y del Notariado, Mariano Martín Rosado, reivindicó para Justicia la modificación del arancel, en evitación de que Hacienda sólo persiga objetivos fiscales. La decisión adoptada por el Gobierno el pasado viernes, por la que los aranceles se actualizarán por decreto conjunto de Justicia y Economía y Hacienda, aplaza las actuales diferencias entre ambos departamentos.

Martín Rosado explicó las elevadas retribuciones de los registradores de la propiedad en la "alta calidad" del trabajo que desarrollan. Según manifestó a este periódico, tales elevadas remuneraciones favorecen la independencia de estos funcionarios, que necesitan de "ese estímulo económico en función de la alta calidad del trabajo que desarrollan".

En esta línea se expresó el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, José Gabaldán, quien estimó "arriesgado desincentivar una función que tiene gran importancia jurídica". Gabaldón, que "por elegancia" no quiso hablar de cuantías retributivas, pidió "prudencia a la hora de realizar una reforma que podría deteriorar la calidad de la función notarial y registral".

Magistrados, fiscales, abogados del Estado y otros juristas progresistas dedicados a la función pública estimaron tal argumentación un "agravio comparativo" y señalaron que la importancia del trabajo realizado por los funcionarios está primada por complementos específicos o de productividad, pero siempre con cargo a los presupuestos del Estado.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Alberto Belloch, se pronunció a favor de la supresión del arancel, por tratarse, dijo, "de un sistema de retribución anacrónico, que responde a un modelo de sociedad agraria que ya no existe".

Por su parte, el dirigente de la Unión Progresista de Fiscales, Antolín Herrero, se expresó en contra de que "el Estado traspase la fe pública de la que es titular a unos particulares que actuan", dijo, "como profesionales liberales, aunque, dado su carácter de funcionarios, deberían cobrar por sueldo del Estado". Herrero recordó que a los secretarios judiciales se les suprimió el arancel y cobran actualmente por sueldo de los presupuestos del Estado, a pesar de que su función es también la de fedatarios.

El senador del CDS Fernando Castedo ex directivo de la asociación de abogados del Estado, admitíó el alto nivel de conocimientos de los registradores de la propiedad españoles, cuya función "no podría desempeñarla un funcionario de categoría media", pero señaló que, sin embargo, "el alto nivel retributivo de los registradores es absolutamente si no intolerable", puntualizó, "al menos sorprendente o chocante".

Funcionados del Estado

Estas fuentes recordaron que en la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea (CEE), los registradores de la propiedad perciben su sueldo del Estado. El director general de los registros reconoció que es así y contestó que los funcionarios europeos de los registros "no tienen el nivel jurídico de nuestros registradores de la propiedad".

Martín Rosado afirmó que la publicidad registral es muy defectuosa en esos países, mientras que las inscripciones de un registro español "no hay quien las mueva", dijo. Señaló que "el sistema de arancel es el nervio de los registros" y que sin él se pondrían en peligro los programas informáticos en marcha. Agregó que en estas oficinas públicas "el personal cobra sueldos dignos, lo que evita que existan corruptelas".

Sin embargo, según un antiguo empleado de registro de la propiedad, en estas oficinas "la corruptela está institucionalizada, porque todo lo que se paga va a los bolsillos del registrador y sus empleados". Esta fuente resaltó que, a diferencia de los registros de la propiedad, que se rigen por arancel, los registros civiles, de aguas, de patentes y marcas o de la propiedad industrial están servidos por funcionarios a sueldo del Estado.

Martín Rosado dijo también que "ha sido mérito del ministro, Fernando Ledesma, la lucha contra cualquier situación de privilegio". En concreto, destacó que gracias a Ledesma, "la obligación del registrador de residir en un punto tal que le permita atender el registro, se cumple más que nunca desde 1983". Asimismo, por decreto de 5 de junio de 1985 se modificó la composición de los tribunales de oposiciones a registrador de la propiedad a fin de que no estén integrados mayoritariamente por miembros de este cuerpo, como venía ocurriendo.