Singularidad insular frente a unidad

Según un dicho popular, los peores enemigos de Menorca son Sa tramontana i els mallorquins (la tramuntana y los mallorquines). No es de extrañar, pues, que la principal dificultad con que se enfrenta el Gobierno balear es la descentralización que permita conjugar la singularidad de las islas con la unidad que favorezca el reforzamiento de la comunidad y con los principios de la racionalidad administrativa.Los redactores del Estatuto decidieron multiplicar por tres la misma institución que habían acordado extinguir. La desaparición de la Diputación Provincial de Baleares y su transformación en los Consells Insulars de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera dio a cada una de las islas la entidad administrativa que reclamaban sus habitantes.

Sin embargo, los legisladores están atrapados en la paradoja que ello encierra. Los nuevos organismos son parte de la Administración autonómica, por delegación de competencias de ésta, y recogen las funciones de la extinta Diputación, aunque están sujetos al régimen local.

La paradoja es doble. Por un lado, debe definirse el grado de personalidad de los Consells. Para unos, deberían asumir las competencias autonómicas que establece el Estatuto. Esto dejaría al Gobierno autónomo en un mero cajón de sastre de competencias menores no delegadas. Para otros, en cambio, deberían ser delegaciones insulares de un Ejecutivo ostentador de las competencias, si bien permitiendo que los Consells gestionaran algunas.

Por otro lado, se requiere establecer mecanismos de control, ya que, en caso contrario, no pueden fiscalizarse unas competencias cedidas a un organismo que no depende del Parlamento regional por ser una entidad local. Una anomalía que actualmente queda paliada por el hecho de que los diputados regionales son a su vez miembros de los respectivos Consells, pero que se agravaría de ser elegidos los consellers directamente, tal como se propugna con la reforma del Estatut.

Esta nueva estructura administrativa plantea un tercer problema político: la forma en que deben cederse las competencias. Los grupos de la oposición sostienen que cada competencia debe cederse de forma paralela y en el mismo grado a cada Consell. El Ejecutivo considera que el hecho de que uno de los tres organismos rechace una competencia no impide que los otros dos puedan asumirla.

Pese a ser una de las piezas angulares de la Administración autonómica, el proyecto de ley de Conselis Insulars no ha conseguido pasar en cinco años de la ponencia. El último borrador, consensuado entre socialistas, conservadores y regionalistas, recibió el voto en contra del CDS y del PSM-Entesa de l'Esquerra, que lo calificaron de tacaño en la cesión de competencias.