Baleares, el "abertzalismo" de AP

Cinco años después de haberse negado a firmar el estatuto, el aliancista Gabriel Cañellas, presidente del Gobierno balear, seha convertido en el impulsor de su reforma, con la que persigue convertirse en el abanderado del regionalismo balear. Como presidente de un Gobierno que, según la oposición socialista, recurre al victimismo, Cañellas ha utilizado el modelo de financiación autonómica como el principal foco de enfrentamiento con el Gobierno.

Baleares es la única comunidad con cooficilidad de lenguas (castellano y catalán) que no cuenta con competencias de educación que le permitan afrontar la normalización lingüística. Tampoco Alianza Popular (AP), aunque incluye estas competencias en el paquete de la reforma, parece demasiado entusiasmada en abordar estas tareas, A los cinco años de aprobarse el Estatuto, a los que podrían sumarse los cuatro de preautonomía, el 80% de la documentación oficial está escrita en castellano, según cálculos de la oposición. El catalán, como los Països Catalans, es una cuestión tabú sobre la que existe cierto consenso en no destapar.Por el contrario, términos como discriminación o insensibilidad han sido reiteradamente utilizados tanto por Gabriel Caftellas como por los miembros de su Gabinete para referirse a la actitud de la Administración central respecto a las islas Baleares, una de las comunidades autonómicas con menor conciencia nacionalista y peso especifico en el mapa autonómico español.

A Madrid acuden los miembros del Gobierno balear con una demanda en la cartera: el cumplimiento del compromiso verbal, acordado en 1986, por el que la Administración central suscribiría convenios por valor de 1.500 millones de pesetas como contrapartida a la aceptación por parte del Gobierno balear del sistema de financiación autonómica. Un sistema contra el que el Gabinete autonómico acabó presentando un recurso de inconstitucionalidad el pasado 24 de marzo, ante el incumplimiento de los pactos.

Según reconoce el vicepresidente del Ejecutivo, Joan Huguet, de los cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos sólo éste reviste especial importancia. Los demás o bien se refieren a aspectos concretos o forman parte de los otros 10 conflictos positivos de competencias presentados por Baleares ante el alto tribunal. Sin embargo, las relaciones con la Administración central se reconocen tensas.descubierto las ventajas del victimismo". Para el portavoz centrista, Francesc Quetglas, "la incapacidad que ha demostrado el Gobierno autónomo para agotar sus presupuestos no justifica que no deba dotarse a éste del necesario sistema de financiación, como afirma el PSOE".

Los conflictos con la Administración central "han destapado la -caja de Pandoraen la derecha balear", asegura un diputado de la oposición. Cañellas, que no apoyó en su día. el Estatuto por su autonomismo, ha optado por la vía de la reforma tras el declive a que se vio abocada Unió Mallorquina (UM) en las últimas elecciones autonómicas, descenso electoral que obligó a los regionalistas a pactar con AP. Según UM, Cañellas pretende, con la acentuación de su regionalismo, fagocitar su espacio político. Sin embargo, para Miquel Pascual, portavoz de este partido, para el que Baleares es "una nación denaciones", .es bueno que se hable de nacionalismo; es nuestro terreno". AP-Baleares, y en especial los miembros del Gobierno autonómico, ha cambiado de lenguaje. Un lenguaje que la oposición califica de "abertzalismo aniarillo" y que tuvo sus puntos álgidos en las polémicas declaraciones de Cafiellas sobre el control de la inmigración.

El presidente del Gobierno balear se mostró partidario de controlar la inmigración como medida para frenar en el futuro el desempleo. Posteriormente, el conseller de Economía, Alexandre Forcades, defendió la misma postura, aunque la denominó .ecologismo biológico". Los tres grupos de la oposición coinciden en afirmar que esta nueva actitud es algo coyuntural y con fines claramente electoralistas.

El portavoz socialista, Francesc Triay, reconoce, sin embargo, que su partido se ha quedado solo frente a la unánime voluntad de reformar el Estatuto hasta obtener un techo competencial idéntico al de las comunidades históricas. "El Estatuto actual", afirma, "tiene puntos que es preciso desarrollar y otros que ni siquiera han sido aplicados, como es el caso de los Consells Iniulars". Aunque partidario de reformas concretas que afectan sobre todo al ftíricionamiento legislativo, el PSOE sostiene la idoneidad de la cesión de competencias según lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución. Algo que Sebastiá Serra rechaza de plano.

Para Joan Huguet (AP), esta vía de obtención de competencias no excluye la reforma. Sanidad y Seguridad Social, aguas y educación son las principales competencias que el Ejecutivo autónomo reclama.

Sin embargo, todos los grupos políticos se muestran coincidentes en afirmar que la comunidad autónoma no está preparada para asumir las competencias de sanidad y Seguridad Social. Por el contrario, consideran imprescindibles las de educación y aguas.