Médicos y juristas proponen despenalizar la esterilización de los disminuidos psíquicos

Especialistas en el campo de la medicina y del derecho defienden la despenalización de la esterilización de los disminuidos psíquicos con carácter irreversible, en defensa del derecho sexual de estos enfermos. El principal motivo de esta propuesta es poner fin a una situación caracterizada por la imposibilidad de disponer de forma continua de medios de prevención de la paternidad de estos pacientes que están declarados incapacitados y, por lo tanto, no pueden atender a los hijos que puedan tener. Fiscales, jueces, abogados, médicos, psiquiatras y familiares de disminuidos abordaran la necesidad de articular una normativa médico legal en materia de contracepción definitiva durante la jornada sobre el Derecho Sexual de los Disminuidos Psíquicos que se celebrará hoy en Barcelona.El artículo 428 del Código Penal sanciona las esterilizaciones que no cuentan con el consentimiento expreso de la persona afectada. Este artículo precisa que estas intervenciones serán penadas si se realizan a personas declaradas incapaces, caso de los disminuidos psíquicos. Al mismo tiempo, prohibe que sus responsables legales puedan autorizar la intervención.

Sin embargo, en caso de embarazo de una disminuida psíquica la legislación autoriza el aborto bajo el supuesto de violación por interpretar que al tratarse de una mujer incapacitada no ha podido prestar consentimiento para realizar el acto sexual y, en consecuencia, ha sido violada. En estos casos, sí se admite el consentimiento de los responsables legales, cuando está negado para la esterilización.

La fiscal de la Audiencia de Barcelona Teresa Compte considera que en el caso concreto de los oligofrénicos se debe subsanar este contrasentido que prohibe una contracepción y, en cambio, autoriza un aborto, medida más traumática para la enferma. La fiscal defiende la despenalización para esterilizar siempre que la intervención sea consecuencia de un proceso de incapacidad en el que quede asegurada la irreversibilidad de la enfermedad y con la intervención de un representante del ministerio fiscal.

La comisión de mujeres abogadas del Colegio de Barcelona, que también intervienen en la jornada, propone que el procedimiento legal para la contracepción definitiva debe iniciarse en juzgados de familia o distrito y con la intervención del ministerio fiscal. Asimismo, considera que sería necesario un dictamen psiquiátrico que defina la posibilidad de asumir la maternidad o paternidad.