El comisario Fernández Álvarez se niega a contestar a preguntas sobre sus relaciones con Messía

El comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, procesado por la desaparición de Santiago Corella, se acogió ayer a su derecho constitucional para negarse, ante el tribunal del caso el Nani, a contestar a 14 preguntas de la acusación sobre sus relaciones con el aristócrata Jaime Messía Figueroa, actualmente huido de la justicia española. Una de estas cuestiones del abogado Jaime Sanz de Bremond preguntaba al policía "si en la noche del 12 al 13 de noviembre de 1983 [cuando desapareció el Nani] le manifestó a Messía Figueroa que tenían el cuerpo de un fallecido en la brigada y problemas para hacerlo desaparecer".

El comisario señaló en otro momento de la vista que agentes policiales han solicitado "en centenares de ocasiones" la aplicación de la ley antiterrorista a delincuentes comunes acusados de robo con intimidación de armas de fuego y que "nunca se las denegaron". El 12 de noviembre de 1983, el ministro del Interior, José Barrionuevo, ordenó la aplicación de la legislación antiterrorista a el Nani.El abogado de la acusación, Sanz de Bremond, preguntó al comisario Fernández en el transcurso de la vista oral del juicio si el procesado conoce a Jaime Messía, a lo que el agente respondió afirmativamente. A continuación, el mismo letrado preguntó al procesado si conocía al aristócrata y prófugo en noviembre de 1983. Ante esta nueva cuestión, el comisario manifestó su preferencia por "no contestar a ninguna pregunta sobre esta persona, acogiéndome al derecho constitucional". A partir de ese momento, el letrado de la acusación formuló otras 12 preguntas sobre Messía Figueroa, que fueron respondidas por el comisario con un escueto y reiterativo "no contesto". Fernández Álvarez añadió que su negativa a contestar se debía a que considera que Messía "no tiene nada que ver con este caso".

Entre las cuestiones planteadas por la acusación del caso el Nani destacaron las siguientes: si Messía frecuentaba la brigada, si el acusado era consciente de que el aristócrata tenía multitud de procedimientos penales pendientes, si tenía conocimiento de las actividades delictivas de el Marquesito, si en la noche del 12 al 13 de noviembre llamó a Messía y si en aquellos momentos el acusado manifestó al vizconde de los Palacios de la Valduerna que tenían un cuerpo fallecido en la brigada y si el aristócrata se hizo cargo de aquel cuerpo.

También preguntó Sanz de Bremond al comisario si trasladaron dicho cuerpo a la localidad madrileña de Canencia de la Sierra, a la que el procesado contestó igualinente con un "no contesto". Según manifestó el abogado a requerimientos de este periódico, esta pregunta se basa en "informaciones reservadas de esta acusación". En Canencia de la Sierra, el suegro del comisario procesado posee alguna propiedad inmobiliaria, según fuentes cercanas a Fernández Álvarez. El policía Fernández había contestado a todas las preguntas de esta vista oral hasta las referidas al aristócrata Messía, a excepción de otras anteriores sobre las supuestas torturas a Santiago Corella y a su amigo Ángel Manzano. El procesado señaló que no volvería a contestar cuestiones sobre estos supuestos.

La broma del RIP

Respecto a la inscripción que existió en el libro de calabozos de las dependencias policiales de la Puerta del Sol, en donde se leía la inscripción RIP al lado del nombre de Santiago Corella, el comisario manifestó a preguntas de uno de los abogados defensores: "Pienso que ha sido maliciosa o en plan de broma". Fernández Álvarez reiteró varias veces que el registro de calabozos "no es un libro oficial'.Durante la sesión matinal el agente procesado señaló que tenía instrucciones de sus superiores de aplicar la legislación antiterrorista "en todos los casos de robos con intimidación y existencia de armas de fuego". Según Fernández Álvarez, instrucciones similares para aplicar la legislación antiterrorista por delitos de tal tipo "que afectaban gravemente a la seguridad ciudadana" existían desde la promulgación en 1978 de la primera norma de estas características de excepcionalidad. El comisario agregó que se realizaron propuestas de aplicación de estas características "cientos de veces y en ningún caso, al menos en la Brigada Regional de Policía Judicial" de Madrid se les denegaron ni se les reconvino "por aplicación indebida". "Había una serie de filtros" para su correcta aplicación que llegaban hasta el ministro del Interior.

Fernández Álvarez negó, por otra parte, que la detención de Corella se hubiese producido tres horas antes de la fijada en el acta de registro del domicilio de el Nani para, según la acusación, "ocultar que a esa hora el Nani ya presentaba lesiones". El procesado respondió que "en tal caso tendríamos que haber falseado no sólo nuestras firmas [en referencia a las de los policías que firman el acta], sino también las de las hermanas Corella, y ellas han reconocido las suyas".

Terminada la sesión de tarde, Manuel Salgado Cobo, defensor del inspector Francisco Aguilar Fernández, expresó a la sala su protesta por el hecho de que los medios radiofónicos estén reproduciendo parte del contenido textual de las declaraciones del comisario Fernández Álvarez en sus informaciones. El letrado agregó, entre visibles muestras de asentimiento y algún tímido aplauso de los familiares y compañeros de los procesados que asisten a la vista, que dado este hecho no tiene ya sentido impedir el acceso a la sala de testigos citados por las partes. El letrado Manuel Salgado propuso como testigos, que la sala aceptó, a los policías Adelardo Rafael Martínez García y Eugenio González Nuñez, quienes asistieron el miércoles al inicio de la vista (ver EL PAÍS de ayer).

Todas las partes de este proceso comentaron ayer en los descansos de la vista sus dudas sobre que el calendario provisional propuesto por el presidente de la sala, el magistrado Salvador Domínguez, se pueda cumplir finalmente. Este calendario reservaba en principio los tres primeros días de la vista para el interrogatorio de los procesados y tras dos días de juicio aún no han concluido las preguntas al comisario Fernández Álvarez, primero de los procesados que está siendo interrogado.