La oposición impone en la Asamblea de Madrid su primera proposición de ley

Los grupos de Alianza Popular (AP) y Centro Democrático y Social (CDS) en la Asamblea de Madrid han llegado a un acuerdo para imponer al Gobierno regional una ley sobre gestión del medio ambiente. El texto será aprobado posiblemente antes del verano y obligará a modificar un reciente decreto del Ejecutivo antónomo. Es la primera vez que el presidente regional, Joaquín Leguina, se encuentra ante esta situación.

El Gobierno regional decidió poner fin a la polémica creación de la Agencia de Medio Ambiente por la vía rápida. El decreto, que entró en vigor el pasado martes, da una salida temporal a la situación de provisionalidad que arrastra el Medio Ambiente desde octubre, con una Dirección General fantasma que hasta hace dos semanas no encontró sede definitiva.El carpetazo del Ejecutivo autónomo fue interpretado por los grupos de oposición en la Asamblea como, "una burla al Parlamento regional". El Gabinete de Leguina remitió a la Asamblea un proyecto de ley de creación de la Agencia a finales de 1987, pero la retiró un mes más tarde ante el anuncio de una enmienda a la totalidad de aliancistas y centristas.

Un segundo proyecto de ley, elaborado tras largas conversaciones con todos los grupos parlamentarios, nunca vio la luz debido a la guerra de competencias entre varias consejerías y la Dirección General de Medio Ambiente. Sin embargo, el Gobierno regional no ha dado una explicación oficial a esta marcha atrás, y la oposición se ha tomado la venganza por su mano.

Alianza Popular y el CDS disponen ya de un texto alternativo que entregarán a la Asamblea de Madrid probablemente esta misma semana. A falta de algunos flecos, la proposición de ley prevé una estructura diferente de la Agencia de Medio Ambiente y le atribuye más competencias en materia de urbanismo.

La proposición de ley da más autonomía de funcionamiento a la Agencia y concede múltiples atribuciones a su director, como la facultad sancionadora o la de elaborar anteproyectos. Recoge también una mayor participación de los ayuntamientos en el consejo asesor y una menor presencia de las asociaciones ecologistas y sindicales.

Tanto AP como el CDS consideran que la aprobación de la ley supondrá la derogación del decreto socialista y obligará a modificar la Agencia de Medio Ambiente. En opinión de José María de Federico Corral, de AP la actitud del Gobierno regional en este tema puede responder a "un intento solapado de tantear a la, oposición".

Fernando Lanzaco, del CDS, considera que los grupos minoritarios de la Asamblea tienen "una oportunidad inmejorable de dar un toque atención al Gobierno de Leguina, que ha violado sus compromisos con el Parlamento regional". AP y CDS no descartan la posibilidad de contar también con el apoyo de Izquierda Unida (IU) y el diputado del Grupo Mixto, aunque fuentes de IU señalaron ayer que su postura será probablemente la abstención "por razones de estrategia política".

Fuentes del Gobierno regional afirmaron ayer que intentarán legar a un acuerdo con las fuerzas políticas del parlamento regional para evitar "una situación incómoda". El propio Joaquín Leguina reconoció el martes: "No tendremos más remedio que acatar lo que apruebe la Asamblea".

El director de la Agencia de Medio Ambiente, Luis Maestre, afirmó ayer que el decreto aprobado concede suficientes competencias al nuevo organismo. Maestre afirmó que las diferencias en el seno del Ejecutivo autónomo "se han exagerado", y añadió que el decreto recoge numerosas enmiendas planteadas por la oposición.

Con el nuevo decreto, Luis Maestre, de 45 años, miembro del PSOE desde 1973, adquiere el rango de viceconsejero adscrito a la Consejería de Presidencia.