La Asociación Pro Derechos Humanos pide más sanciones para los torturadores

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) pidió ayer a los poderes públicos, entre otras modificaciones legislativas, el aumento hasta seis años de cárcel de la pena para el delito de torturas, así como el incremento de las sanciones disciplinarias a los funcionarios policiales autores de las mismas y la capacitación de estos en materia de derechos humanos, mediante cursos en los que intervengan instituciones internacionales. La APDH presentó ayer oficialmente su informe sobre 1987 (veáse EL PAÍS del 15 de marzo último) y las recomendaciones al Gobierno.Junto a las recomendaciones relativas a la tortura, que fueron explicadas por la vocal de la APDH Francisca Cobos, el presidente de la asociación, José Antonio Martín Pallín, y los directivos Luis Miguel Alonso y Juan José del Aguila dieron cuenta también de las restantes recomendaciones a los poderes públicos. La APDH pide que el Parlamento ratifique la Convención Europea contra la Tortura, así como que España facilite al relator especial de las Naciones Unidas "información transparente y rigurosa" sobre los casos de torturas que todavía se producen en nuestro país.

También se recomienda la regulación legal de las intervenciones telefónicas, para evitar las prácticas policiales irregulares que vienen produciéndose. La APDH pide asimismo la dedicación exclusiva de los jueces de vigilancia penitenciaria y las medidas que faciliten "el ejercicio del derecho al trabajo en el ámbito penitenciario", en la actualidad reconocido sólo teóricamente.

Menos gastos en armas

La APDH solicita el incremento de las inversiones estatales en obras y servicios sociales, al mismo tiempo que la reducción de los gastos de armamento y un riguroso control para suprimir las exportaciones de armas "a regímenes dictatoriales y a países en conflicto". Igualmente, pide la ratificación del Convenio de la ONU contra el apartheid [segregación racial].Martín Pallín resaltó el trabajo desarrollado para la elaboración del informe sobre el Estado de las prisiones, para el que miembros de la APDH visitaron 35 cárceles españolas, en las que constataron "graves deficiencias" en materia de sanidad, higiene, alimentación y equipamiento. El informe resalta la prioridad concedida por la Administración al orden en las prisiones sobre la creación de un ambiente de convivencia.

El presidente de la APDH destacó también que la actuación terrorista contribuye con sus crímenes "a crear un clima de tensión y crispación ciudadana", si bien ello no autoriza a los cuerpos policiales a dar respuestas desproporcionadas o mucho menos ilícitas. La APDH considera que el delito de torturas, que cometen los funcionarios públicos, está castigado con "una extraordinaria benignidad", que choca con la gravedad atribuída a esta práctica aberrante por los convenios internacionales y la Constitución española.