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Editorial:

Todos bajo sospecha

NO SE necesitan dotes de adivino para, a la luz de experiencias pasadas, predecir desde ya a la comisión parlamentaria recientemente creada para investigar los posibles casos de tráfico de influencias entre el largo millar de ex altos cargos públicos que este país acumula desde 1977 unos magros resultados en su gestión. Su tarea puede resultar fallida en su objetivo principal y, sin embargo, contribuir con éxito a provocar graves efectos secundarios, como encrespar todavía más la nada tranquila vida política española, dar pie a querellas sin sentido y a agravios comparativos y ofrecer una ocasión más a quienes no desaprovechan ninguna para desprestigiar el sistema democrático. Al final, puede ser mucho más el ruido que las nueces.El precedente parecido de la comisión parlamentaria sobre el caso Flick pone de manifiesto que lo que finalmente queda de una indagación sobre el trasfondo económico de la actividad de la clase política no va más allá de alguna recomendación piadosa e interesada. Los sujetos a investigar forman parte del mismo entramado de los investigadores y, en último término, un mismo manto de intereses cubre a unos y a otros. El caso Flick no pudo impedir que saliera a la superficie el tufillo de todo un mundo subterráneo que ponía en relación el dinero y los estados mayores de los partidos políticos, pero lo único que fue capaz de hacer la comisión que lo investigó fue proponer una ley para la financiación generosa a costa del erario público de la actividad de las formaciones políticas. A la vista de este precedente, sin duda histórico, lo más que puede esperarse de la comisión para la investigación del tráfico de influencias es la creación de toda una serie de mecanismos institucionales que en el futuro impidan o dificulten algo que siempre ha sido congénito al ejercicio del poder político: la tentación de su aprovechamiento para el medro personal y la mejora de la fortuna propia. Algo es algo, desde luego, pero para esto no era necesario crear una comisión parlamentaria de investigación, sino una menos pretenciosa comisión de estudio que ofreciese al Parlamento las medidas legales capaces para erradicar estas prácticas envilecedoras de la vida pública.

A Alianza Popular, patrocinadora de la iniciativa, le asiste todo el derecho del mundo para proponer al Parlamento la creación de una comisión investigadora de conductas tan gravemente dañinas como las de quienes utilizan su paso por organismos públicos para tender puentes interesados con empresas privadas o para obtener del poder oficial tratos de favor, subvenciones y contratos beneficiosos para su bolsillo. Pero quizá esta iniciativa, plenamente legítima, sea algo así como poner el carro delante de los bueyes, pues sin el suficiente marco legal mal pueden pedirse responsabilidades a quienes pueden. alegar que nada hay que les impida hacer lo que hacen.

Pero todo se complica todavía más cuando el objeto de la investigación se volatiliza en una especie de túnel del tiempo que conduce nada menos que al año 1977, y que se extiende prácticamente a todos aquellos que desde la responsabilidad del poder han protagonizado la difícil transición política española de la dictadura a la democracia y puesto las bases, en definitiva, del actual sistema de libertades. No hay mejor manera de trasladar a todo un colectivo y, al menos indirectamente, al sistema político al que han servido las sospechas que exclusivamente pesan sobre la conducta de unos pocos y que, en rigor, serían las únicas merecedoras de la atención de la comisión investigadora. Pero Alianza Popular ha preferido antes una iniciativa de dudosa eficacia, aunque evidentemente concebida en términos de rentabilidad política, que propugnar con rigor medidas legales que impidan tajantemente las prácticas que denuncia. Y no parece que exista otro camino que el de perfeccionar los mecanismos de la actual ley de incompatibilidades para parlamentarios y cargos públicos, que tanto combatió en su día la derecha. Por su parte, el partido socialista ha optado por la táctica de difuminar el objeto de la investigación, al punto de imposibilitar que ésta se cierna sobre casos concretos y bien conocidos que seguramente la merecían. O sea, que existen todas las probabilidades de que no se saque nada en limpio y de que la susodicha comisión investigadora se convierta, muy a su pesar, en caja de resonancia en la opinión pública de la insidia que algunos insistentemente propalan de que la corrupción es esencial a la democracia y a la clase política que la sustenta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de abril de 1988