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Editorial:

Uranio de Namibia

CUANDO el día 17 llegue a Madrid el obispo surafricano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, es muy probable que se pregunte si acude a una capital amiga u hostil. Si ha leído el artículo del ministro español de Asuntos Exteriores publicado en EL PAÍS el pasado 20 de marzo, describiendo las que él declara como únicas sanciones posibles que España y la CE imponen a Pretoria (entre otras, "la prohibición de cualquier nueva colaboración en el sector nuclear"), es probable que piense que el Gobierno de Madrid siente cierta simpatía, no excesivamente calurosa, por el calvario de la mayoría negra en Suráfrica; si hubiera oído las declaraciones del mismo ministro ayer a Radio Nacional de España, su confusión sería completa, porque la del ministro no es menor; si le cuentan que una entidad pública española (ENUSA) es importante compradora de uranio de Namibia, deducirá correctamente que el apoyo de España a su causa es, como el de la mayoría del mundo civilizado, puramente retórico.La comunidad internacional está lejos de hacer lo que debe con el régimen racista de Pretoria. En vez de aislarlo seriamente, pierde el tiempo en condenas verbales, que a nada conducen y de las que el Gobierno del apartheid se ríe a mandíbula batiente. Lo mismo puede decirse de la actitud de la Europa comunitaria. Hace años que la CE deshoja la margarita de "cuál es la sanción más eficaz" o del tu quoque invocado por unos para defender su propio comercio con espurios ejemplos del vecino. A la hora de la verdad, nunca pasa de prohibir los vuelos económicamente ruinosos de la línea aérea nacional o las importaciones de monedas surafricanas de oro. Tres países son realmente culpables de que se perpetúe esta situación en Europa: el Reino Unido, Portugal y la República Federal de Alemania. El primero, con tremendos vínculos de todo tipo con el África austral, porque dice que las sanciones no son eficaces o que, si lo fueran, dañarían a la propia mayoría negra (como si los habitantes de Soweto fueran el estrato más rico del país). El segundo, porque tiene un millón de habitantes en Suráfrica y no es cuestión de enajenarles al Gobierno de Pretoria. Y el tercero, porque sus intereses económicos más o menos vitales son gigantescos.

En la cumbre comunitaria de La Haya de junio de 1986, el presidente del Gobierno español se mostró dispuesto a sumarse a un boicoteo de las compras de carbón surafricano y del comercio hortofrutícola y de vino. Su iniciativa fue vetada. Desde entonces, España, junto con Italia y la RFA, ha incrementado sus compras de carbón surafricano. Adaptándose al cinismo general, le hace un favor al país: el carbón surafricano es barato (porque está primado, claro) y contamina menos que el español. Podría comprarse uno de las mismas características en Australia o en Colombia, lo que sería generoso hacia la comunidad negra de Suráfrica, pero resultaría mucho más caro para el erario español. ¿Castigar a Pretoria? Es posible. Pero no debe olvidarse que tenemos una flota que pesca una ingente cantidad de merluza precisamente en las costas de Namibia, lo que alimenta a nuestra industria y al estómago agradecido de los españoles.

No denunciar ahora unos contratos de adquisición de uranio namibio firmados en 1974 y 1976, en momentos de aislamiento franquista, resulta del todo inmoral. Sobre todo si se recuerda que España aceptó el compromiso aprobado en este sentido por la CE en otoño de 1985 y si se supone que nuestro país acata las disposiciones contrarias a tal comercio dictadas por el Consejo de Naciones Unidas para Namibia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de abril de 1988