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El PSOE quiere pactar con la oposición el aumento de competencias de las autonomías de 'vía lenta'

La Ejecutiva Federal del PSOE elabora actualmente los criterios que deben seguirse para ampliar las competencias de las comunidades autónomas que accedieron al autogobierno por la vía del 143, o vía lenta, para que el proceso se realice de modo uniforme.Los criterios socialistas sería explicados al resto de las formaciones políticas, dado el interés de que no haya discrepancias en todo lo concerniente a la construcción y perfeccionamiento del Estado de las autonomías. Esta materia fue objeto de discusión el pasado día 10 de marzo en la sede federal del PSOE, en una reunión secreta.

A esta reunión asistieron, en representación de la ejecutiva federal, Txiki Benegas y José Luis Corcuera, y, por otro lado, el ministro para las Administraciones Publicas, Joaquín Almunia, y los presidentes de Gobierno y portavoces parlamentarios socialistas de las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del articulo 143 de la Constitución, excepto los de Navarra.Los dirigentes y gobernantes socialistas intercambiaron puntos de vista sobre las competencias que el Estado debe transferir a las comunidades para aumentar su autogobierno. Los reunidos descartaron, no obstante, imprimir un carácter rápido a la reforma de los Estatutos de Autonomía por considerar que es prioritario consolidar y mejorar el funcionamiento de las comunidades antes que iniciar "un proceso que incide en el marco constitucional", según la versión de unos de los asistentes.

No obstante, a iniciativa de Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, los representantes socialistas propusieron que la dirección nacional del PSOE tome la iniciativa de buscar un acuerdo con los principales partidos estatales sobre las competencias a transferir simultáneamente a las Comunidades. El presidente del Gobierno de Asturias, Pedro de Silva, fue el que más urgió la consecución de este consenso.

Tras obtener el refrendo de la ejecutiva federal, los dirigentes nacionales del partido socialista elaboran en estos momentos los criterios que dirigirán este proceso de ampliación de competencias autonómicas. Pero tal proceso será posterior a otras tareas como son la elaboración de un documento sobre la política social del, Gobierno, y de un plan nacional de empleo juvenil que será ofrecido para discusión a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Voluntad de acuerdo

Tras estas prioridades se abordará el alza de los techos autonómicos de las comunidades que accedieron al autogobierno por la vía del 143 y cuyos estatutos permiten, una vez transcurridos cinco años desde su aprobación, la asunción de mayores competencias. Será entonces cuando los socialistas ofrezcan al resto de los partidos políticos abrir negociaciones para esta materia con el afán de llegar a un acuerdo.

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El ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, anunció en el Senado durante el debate sobre el Estado de las Autonomías del pasado mes de diciembre la posibilidad de abordar el proceso de ampliación de los techos autonómicas.

No obstante antepuso una serie de cautelas para evitar que se produjeran "desequilibrios" o colapsos ante las posibles dificultades de algunas comunidades para recibir más competencias.

La discrepancia se puso de manifiesto en ese debate toda vez que los portavoces de la oposición pidieron que la asunción de mayores competencias partiera de cada comunidad, mientras que Almunia reservó esa facultad al Gobierno. Ambas posibilidades tienen cabida constitucional.

Las acusaciones al Gobierno de pretender "tutelar" el proceso autonómico de las autonomías del 143 proliferaron desde todos los portavoces de la oposición.

Los representantes de AP y del CDS así como los regionalistas, cuyos gobiernos no están en manos del PSOE, defendieron el derecho de las comunidades autónomas de ser consideradas "mayores de edad" y ser estas quienes encabezaran el proceso de la ampliación de sus competencias.

Por otro lado y pasada la Semana Santa, Txiki Benegas, reanudará los contactos con algunos partidos para que la próxima discusión en el Senado sobre la derogación de la ley antiterrorista, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, cuente con el mayor apoyo parlamentario.

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