El verdadero delito de Vanunu

NO SE puede considerar cerrado el caso de Mordejai Vanunu, el técnico nuclear israelí condenado a 18 años de cárcel por "espionaje grave" y "traición". Y no sólo porque el abogado defensor haya anunciado un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. La opinión pública internacional, que ha seguido con estupor los métodos aplicados por las autoridades israelíes en su persecución contra Vanunu, no puede permanecer callada ante una condena tan manifiestamente injusta. Está en juego, en este caso, no sólo la suerte de una persona inicuamente perseguida, sino la defensa de principios fundamentales del derecho -que tienen una validez universal- y que han sido violados por el Gobierno de Israel.En primer lugar, ¿cuál es el crimen cometido por Mordejai Vanunu? El antiguo técnico nuclear, que trabajaba en las instalaciones atómicas secretas de Dimona, en el desierto de Neguev, viajó a Londres en 1986 y facilitó al periódico britínico The Sunday Times informaciones demostrando que Israel poseía la bomba atómica. Según declaraciones propias, Vanunu tomó esa decisión por sus convicciones pacifistas, con raíces religiosas, que le llevaron a considerar inmoral el trabajo que realizaba en las instalaciones israelíes de Dimona. Entre el delito cometido por el técnico israelí al difundir informaciones acerca del lugar donde trabajaba y la calificación de "espionaje" hay un inmenso abismo. Con toda seguridad, un espía no hubiese abandonado su puesto en un centro militar secreto, ni hubiese entregado sus datos a un periódico.

Por otra parte, las autoridades militares han impedido que el tribunal de Jerusalén donde se celebró el juicio -a pesar del secreto total de sus deliberaciones- dilucidase si los datos publicados por The Sunday Times eran ciertos o no. Es más, el ministro de Defensa, Simón Peres, declaró en una ocasión que eran simples "patrañas". De ser esto cierto, ¿en qué cabeza cabe que se pueda condenar por "espionaje" al culpable de divulgar simples patrañas"? En realidad, el delito cometido por Vanunu ha sido político: ha denunciado la hipocresía de la actitud de Israel, cuya política oficial es proclamar que nunca será el primero en introducir la bomba atómica en Oriente Próximo mientras, de hecho, fabrica esa bomba. Es lógico que esa denuncia haya indignado al Gobierno israelí, pero resulta aberrante que la respuesta haya sido una condena por "espionaje".

Mucho peor aún ha sido el procedimiento empleado por las autoridades israelíes para conducir a Vanunu ante el tribunal de Jerusalén: el antiguo técnico israelí fue secuestrado en un tercer país por los servicios secretos, el famoso Mosad. Según desvelaron el mes pasado The Sunday Times y EL PAÍS, Cheryl Bentov -esposa de un mayor del espionaje militar- entabló relaciones con Vanunu y le convenció de que tomase un avión de Londres a Roma, donde fue narcotizado y embarcado clandestinamente en un carguero que le llevó a Israel. Al someter a Vanunu a una incomunicación total durante su encarcelamiento y al juzgarle a puerta cerrada, las autoridades israelíes han protegido, no los secretos de las instalaciones nucleares de Dimona, sino los secretos del Mosad, es decir, un secuestro cometido por el Estado de Israel violando las más elementales normas del derecho internacional. Bettino Craxi, que presidía entonces el Gobierno italiano, pidió explicaciones al embajador israelí y estuvo a punto de provocar un incidente diplomático. Pero fue una simple escaramuza sin consecuencia. La mala conciencia histórica determina que muchos países occidentales perdonen a Israel actuaciones que, de ser otros los autores, hubiesen provocado serios conflictos.

Es preocupante la facilidad con que la versión oficial de un Vanunu "espía" y "traidor" ha sido aceptada por la opinión pública de Israel. Parece como si existiera en aquel país una especie de doble sensibilidad: en una serie de aspectos, el respeto de las normas de un Estado de derecho es escrupuloso; en cambio, cuando entran en juego consideraciones de seguridad nacional, se admite que todo vale, que el Estado puede emplear todos los procedimientos, incluso los moralmente deleznables y contrarios al derecho. Ese doble criterio puede ser sumamente peligroso. Porque, en último término, ¿quién establece la frontera en cada caso? Por ese camino, un Estado acaba utilizando los mismos métodos que los terroristas. El deslizamiento por esa vía daña a Israel en su prestigio internacional y es corrosivo para su moral como sociedad civil y democrática.