Dos funcionarios de Gerona, expedientados por 'rebajar' el cobro de tributos catastrales

El gerente y el jefe de la unidad informática de la Gerencia Territorial de Gerona han sido suspendidos del cargo y se les ha abierto un expediente disciplinario en relación con presuntas irregularidades en el cobro de valores catastrales en edificios de la Costa Brava. José Borrell, secretario de Estado de Hacienda, aseguró ayer que los dos funcionarios están acusados de modificar a la baja el valor catastral de edificios propiedad de seis empresas. Borrell se negó a facilitar el nombre de los expedientados porque "no viene al caso".El secretario de Estado explicó que la investigación en relación con estos hechos continúa, y que la evaluación económica de los valores afectados "es infijable". Borrell aseguró que las empresas que se han prestado a este tipo de enjuagues podrían haber incurrido en delito. El Ministerio de Hacienda estudia ahora la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del juez. La investigación se inició el- 26 de julio de 1987, a raíz de descubrirse algunas irregularidades en la Gerencia Territorial de Gerona.

En relación con el caso del subinspector de Hacienda detenido el jueves en un hotel de Lloret de Mar (Gerona) acusado de extorsionar a un contribuyente, el Ministerio de Hacienda estudia los expedientes en los que intervino este funcionario para determinar si pudiera haber cometido otros delitos. Por el momento no se ha pensado en la posibilidad de bonificar al empresario que denunció al subinspector que, trató de extorsionarle liquidando sus actas de declaración por un importe menor del que le correspondía por ley. El funcionario Carlos Aranda propuso liquidar un acta de 14 millones de pesetas por cinco millones, tres de los cuales eran para el subinspector.

Borrell, que resaltó la actitud del empresario que ha denunciado la supuesta prevaricación, calificó este suceso como "un hecho aislado", y pidió a los contribuyentes que no duden en denunciar hechos semejantes. Hacienda cuenta con 13 inspectores que se encargan de "custodiar a los custodios". Treinta ftincionarios son preparados actualmente para reforzar las inspecciones internas y garantizar que sus actuaciones se adaptan al principio de legalidad.

Hace tres años, el Ministerio de Hacienda ordenó el cese del director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y del subdirector, acusados de cometer un delito de cohecho por intentar cobrar comisiones a los proveedores de la fábrica.