Pesadilla en Suráfrica

SÓLO UNA tremenda presión internacional ha sido capaz de retrasar por un mes la ejecución de seis jóvenes surafricanos de color, condenados a muerte por el pintoresco crimen de "haber participado en la intención" de linchar a un funcionario municipal en 1984. Aunque se sabe que los condenados, no intervinieron en el linchamiento y muerte, el crimen de comunidad de intenciones es punible con la horca según la bárbara ley surafricana. La ejecución ha sido pospuesta sólo porque un testigo ha declarado que, al dictado de la policía, acusé falsamente a dos de los reos.La suspensión temporal de las ejecuciones es, por supuesto, una buena noticia, especialmente para los que las iban a padecer. Con ello se retrasa un vergonzoso retorno a los tiempos de la II Guerra Mundial, cuando los nazis tomaban rehenes inocentes y los fusilaban como venganza por las acciones guerrilleras de los partisanos. Sin embargo, no debe hacer olvidar que, para el Gobierno de Pretoria, el verdadero crimen es haber nacido con la piel de color.

El Gobierno blanco de Suráfrica renunció hace tiempo a cualquier solución de su convivencia con la mayoría de color si no se consagratia con ella la primacía de la minoría blanca. El monstruoso egoísmo de sugerir que la alternativa inevitable a esta primacía es verse forzado por el salvajismo negro a salir del país, ha llevado a esa minoría a la utilización de la violencia como el único instrumento para evitar lo que considera un destino fatal: verse expulsada de una tierra en la que ha vivido durante siglos. Preso, exclusivamente por culpa suya, de esa tremenda dialéctica, el Gobierno de Pretoria está llegando a un punto en el que, efectivamente, sólo la violencia será capaz de retrasar su caída. La ceguera que aplica reiteradamente a la cuestión de su supervivencia hace que ésta resulte cada vez más comprometida.

Otros países de minoría blanca del continente africano fueron capaces en su momento de hacer las paces con la mayoría negra. No sin problemas, pero ahí están Kenia y Zimbabue, el primero, con menos trauma que el segundo por una sencilla cuestión de tiempo: se apresuró a resolver el problema sin caer, como la antigua Rodesia, en absurdas veleidades independentistas basadas en la primacía blanca. Sería cómico, si no resultara trágico, el argumento que esgrime el Gobierno surafricano de que el presidente Botha es un moderado a la busca de soluciones razonables y que, precisamente por ello, no debe presionársele. Es escandaloso que los surafricanos pretendan que se acepte el concepto de realpolitik según el cual Botha tiene que ajusticiar un negro de cuando en cuando para evitar que le desplacen los reaccionarios que están a su derecha.

La suspensión temporal de las ejecuciones es la demostración palmaria de que la presión internacional funciona. La celebración, pasado mañana, del Día Internacional contra la Discriminación Racial debe ser jubilosa y solidaria. Cabe, sin embargo, reflexionar sobre cuánto más útil podría resultar una verdadera presión política y económica a la hora de provocar un cambio real en el futuro de Suráfrica. A lo largo de los últimos años, la Comunidad Europea ha sido incapaz de tomar la decisión de castigar o aislar al régimen surafricano. Las reuniones de la cooperación política europea tienden a establecer paulatinamente una política exterior basada en un mínimo denominador común. Pero ni siquiera ha sido posible que en ese mínimo entre un régimen de sanciones y de bloqueo económico al repugnante sistema político surafricano. La sensibilidad social en nuestro país se encuentra muy apagada al respecto. La opinión pública -incluso la de izquierdas- apenas presiona en ese sentido, mientras se abren paso voces a sueldo que pregonan en algunos medios las excelencias del racismo y fomentan la animadversión contra los países fronterizos de Suráfrica, que padecen la agresión armada del militarismo de Botha. La indolencia de sectores de la intelectualidad y de la política de este país ante las muy frecuentes relaciones de líderes de la derecha y de zonas institucionales españolas con el Gobierno surafricano vuelve a poner de relieve la pérdida de valores morales y de criterios sólidos que amenaza a nuestra sociedad democrática.