Aplazado por un mes la ejecución de seis negros en Africa del Sur
El Tribunal Supremo de Sudáfrica decidió ayer postergar por cuatro semanas la ejecución de seis ciudadanos negros que estaba fijada para la madrugada de hoy. La decisión del tribunal se produjo después de que el presidente, Pieter Botha, hubiera anunciado que no intercedería en favor de los condenados, pese a una intensa campaña internacional en su favor. Los condenados -cinco hombres y una mujer conocidos como los seis de Sharpaville- fueron acusados del asesinato de un fúncionario gubernamental en el suburbio negro de Sharpeville en 1984, durante una protesta contra el alza de los alquileres.
Los jueces aceptaron un recurso de aplazamiento hasta el 18 de abril, presentado por los abogados de los condenados, basado en la aparición de nuevas pruebas. Según el jefe de los abogados, Denis Kuny, se cuenta con la declaración de uno de los testigos claves del proceso, Joseph Monete, quien ahora ha dicho que su testimonio fue falso, dictado por la policía.El juez Wessels Human anunció al finalizar la sesión del tribunal que esta nueva evidencia era suficiente para aplazar la ejecución. Una salva de aplausos estalló entonces en la sala, donde se habían reunido familiares, abogados y amigos de los condenados, además de periodistas. Todos se abrazaban y muchos tenían lágrimas en los ojos. En las afueras del tribunal, centenares de negros comenzaron a bailar y a corear la palabra amandla (poder), interrumpiendo el tráfico. Los abogados esperan, en el plazo de las cuatro semanas, reunir suficiente material para solicitar una reapertura del caso.
La decisión fue recibida también con satisfacción por los principales líderes occidentales, que habían enviado peticiones de clemencia.
Coche bomba
Pocas horas antes de anunciarse el aplazamiento de la ejecución, un coche bomba cargado con 25 kilos de explosivos hizo explosión en las afueras del edificio de los tribunales de justicia del pueblo minero de Krugerdorp, cerca de Johanesburgo.La bomba mató a tres personas e hirió a otras 20, tres de ellas de gravedad. La mayoría de las víctimas era de raza blanca. Aunque ningún grupo se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del atentado, fuentes políticas recordaron que el ilegal Congreso Nacional Africano (ANC) se ha responsabilizado de actos similares en el pasado. La localización del atentado lo hace aparecer como una protesta contra la anunciada ejecución de los seis de Sharpeville.
Los seis condenados no han sido culpados personalmente del asesinato del concejal negro Jacob Dlamini, sino que han sido condenados a muerte bajo el polémico concepto de "responsabilidad compartida".
El presidente Botha había comunicado personalmente al arzobispo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, quien lo visitó en Ciudad del Cabo, que no intervendría personalmente para suspender la ejecución. "Ahora sólo podemos esperar un milagro", dijo Tutu tras la negativa oficial.
La posición oficial había sido explicada por el director general de la oficina de información del Gobierno, David Stewart. "El Gobierno ha tenido una gran tentación de acceder a las peticiones de clemencia por razones humanitarias y políticas", dijo. "Pero la responsabilidad del Gobierno", añadió, "trasciende estas consideraciones, ya que tiene la obligación de garantizar la protección de sus ciudadanos".
La suspensión de la ejecución había sido solicitada, entre otros, por los presidentes de Estados Unidos, Ronald Reagan; de la Comunidad Europea y canciller de la República Federal de Alemania, Helmut Kohl-, por la mayoría de los Gobiernos de Europa occidental, y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido en forma extraordinaria a petición de Zambia, en nombre de toda África.
[La agencia Europa Press informó ayer que el Gobierno español estudiaría la adopción de sanciones contra Suráfrica si las sentencias de muerte se aplicaban.]
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