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North puede ser condenado a 80 años por conspiración criminal en el 'Irangate'

Francisco G. Basterra

El Irangate fue también una conspiración criminal y no sólo un escándalo político, ha concluido la investigación del juez especial Lawrence Walsh, que anunció el miércoles el procesamiento, por un largo rosario de presuntos delitos que van desde robo hasta fraude y obstrucción de la justicia, de la banda de patriotas, encabezada por Oliver North, que se enfrenta a 80 años de cárcel. El presidente Ronald Reagan podría aún perdonar a sus ex colaboradores.

., Resta la incógnita de si el vicepresidente George Bush será afectado en sus aspiraciones a la Casa Blanca por la reaparición del escándalo en plena campaña. No se cree, sin embargo, que el complejo proceso judicial que ahora se iniciará haga más daño político a la presidencia o produzca nuevas revelaciones sensacionales de un escándalo que ha dejado de interesar a los norteamericanos.Un gran jurado federal acusa formalmente a los cuatro principales actores del Irangate -North, el ex consejero de seguridad Nacional John Poindexter, Richard Secord, creador de la empresa para la venta de armas a Irán y ayuda ilegal a la contra nicaragüense, y al hombre de negocios norteamericano-iraní Albert Hakim-, de conspiración para defraudar al Gobierno, encubrimiento de actividades ilegales y robo de fondos públicos. Se trata de la acusación criminal contra ex funcionarios de la casa Blanca más grave desde el Watergate.

Sin embargo, Ronald Reagan, a quien el Congreso hizo "ultimo responsable" del escándalo, no aparece implicado en los cargos formulados contra la banda de los cuatro. Es la "víctima" de los manejos de sus subordinados que .corrompieron", por motivos de lucro personal, el proceso de venta de armas a Irán. Pero el juez Walsh continúa la investigación y estos procesamientos no descartan la responsabilidad eventual de otros altos cargos.

Oliver North, con la guerrera cuajada de medallas y con la misma mirada llorosa que le convirtió, el pasado verano, en una estrella nacional, afirmó ayer que "no he cometido ningún crimen, no me rindo y ganaremos". "Es una triste ironía", añadió, "que el procesamiento llegue el mismo día en que los comunistas de Nicaragua invaden a su vecino democrático".Sospechosa coincidencia

Reagan no había comentado ayer aún los procesamientos, pero horas antes de ser dictados, dijo: "Yo no tengo conocimiento de que se violara ninguna ley". El encausamiento formal de los principales actores del Irangate fue ayer la noticia más destacada del día, aunque la Administración se sacó de la chistera la supuesta invasión de Honduras por Nicaragua y el envío de tropas a ese país en una coincidencia, denunciada como sospechosa por miembros demócratas del Congreso.

Fuentes jurídicas coinciden en que los juicios no comenzarán antes de un año y los abogados defensores tienen a su disposición múltiples caminos para entorpecer y evitar incluso el proceso. Fundamentalmente la irresuelta cuestión de la constitucionalidad o no del nombramiento del juez especial, y la utílización por Walsh de testimonio que los acusados prestaron ante el Congreso protegidos por inmunidad.Será también muy difícil probar la principal acusación: conspiración para defraudar al Gobierno, convenciendo al jurado de que North y sus fontaneros, que aseguran que actuaron por órdenes de sus superiores y en beneficio del interés nacional, violaron la ley. Para ello, el juez necesitaría la admisión de los propios implicados o la colaboración de Robert McFarlane, el ex, consejero de Seguridad Nacional que admitió la pasada semana su culpabilidad, y que es el testigo clave de la acusación.Los procesados -ya lo hizo ayer Richard Secord- alegarán que éste es fundamentalmente, un caso político y no penal. Una batalla entre el Congreso y la Casa Blanca por el control de la política exterior en la que ellos han sido cogidos por medio. Los cuatro son acusados de conspiración para violar la prohibición legal de ayudar militarmente a los contras, decretada por el Congreso, de "corromper con engaño" la operación de venta de armas a Irán y de utilizar, desde el Gobierno, personas privadas para generar fondos.

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