El Poder Judicial planteará al Ejecutivo las peticiones profesionales "que procedan"
El Consejo General del Poder Judicial se comprometió ayer, por mayoría, a recoger "el contenido de las propuestas de las tres asociaciones judiciales sobre volumen de trabajo, formación y retribuciones, así como a estudiar el planteamiento de "las cuestiones que procedan" ante el Ejecutivo. Cuatro vocales rechazaron el recurso a la huelga.
José Luis Calvo Cabello -magistrado de 44 años, auspiciado por el sector más progresista del Consejo- fue elegido ayer portavoz del organismo por 10 votos frente a ocho que consiguió Juan Antonio Linares, candidato patrocinado por los vocales más próximos a las tesis del Ministerio de Justicia.En una primera votación, Calvo obtuvo ocho votos, Linares siete y se registraron tres abstenciones.
El nuevo portavoz se estrenó en su cargo con la información sobre un pleno en el que menudearon los matices, tanto en el acuerdo mayoritario como en los votos disidentes. Una muestra de esos matices se percibe en el grado de compromiso de las reivindicaciones judiciales planteadas. Mientras la mayoría del Consejo las estima "razonables", Pablo García Manzano y Valentín de la Iglesia las consideran "plenamente atendibles" y el vicepresidente del Consejo, Manuel Peris, y el ex portavoz Juan José Martínez Zato, estiman "razonables las peticiones genéricas".
Según el texto del acuerdo mayoritario, el Consejo considera razonables las peticiones realizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria "sobre determinación de los módulos de: trabajo de los órganos jurisdiccionales, que permitan el cumplimiento de las garantías constitucionales y legales; medidas de formación y perfeccionamiento que garanticen la formación técnica de los jueces y magistrados en todos los órganos jurisdiccionales y definición de un sistema retributivo adecuado e los miembros de la carrera judicial".
En síntesis, este acuerdo, aprobado por 12 votos a favor frente a cuatro en contra y dos abstenciones, contempla la designación de tres vocales que examinarán dichas pretensiones con los representantes judiciales y, sobre el texto elaborado por el Consejo, estudiarán "el planteamiento ante el Ejecutivo de las cuestiones que procedan".
El rechazo de las medidas de presión está formulado de distinto modo en los votos particulares. Mientras García Manzano y De la Iglesia manifiestan que él Consejo "espera" que para el logros de sus reivindicaciones se abandone "el recurso a cualquier medida de presión", Peris y Martínez Zato, con mayor rotundidad, señalan que el Consejo entiende que "la apelación a la huelga, paros o cualquier otra medida de presión análoga o encubierta ( ... ), dañaría grave e irreparablemente el prestigio e imagen de la administración de justicia, es difícilmente compatible con la función judicial y con la posición constitucional de jueces y magistrados como detentadores de un poder del Estado". Calvo señaló que el hecho de que la mayoría del Consejo no se refiera a la huelga "no quiere decir", dijo, "ni que la rechaza ni que la asume".
