El Gobierno propone negociar "en bloque" la ampliación de competencias autonómicas

El Gobierno sostiene la necesidad de negociar "en bloque" la ampliación de competencias de las comunidades autónomas, en lugar de que las propuestas sean dirigidas individualmente a las Cortes por cada Parlamento autónomo,. Diez comunidades tienen derecho a reformar ahora sus estatutos o a ampliar sus techos competenciales -una vez cumplidos cinco años de su entrada en vigor-, cuando el presupuesto del conjunto de las autonomías ha crecido en 800.000 millones en un año, situándose en los 3,2 billones de pesetas, según fuentes del Ministerio para las Administraciones públicas.

La revisión estatutaria debería completarse con la rectificación de aspectos que funcionan mal en el sistema vigente, y que ha sido objeto de quejas en distintas comunidades.El propio presidente Felipe González, comentó recientemente, a un grupo de: periodistas: "Ya vale de improvisaciones". También está paralizado el programa de viviendas de protección oficial en media España. Esta situación se debe a la negativa de varias comunidades (Andalucía, Cataluña y Castilla y León, entre otras) a aceptar el plan de financiación del Ministerio de Obras Públicas (MOPU). (Ver página 47).

Por otra parte, ha, un gran avance de las autonomías en los gastos del Estado: de cada 100 pesetas gastadas, corresponden 21 a las autonomías. Pero ese avance está muy desequilibrado con la fiscalidad. La mayoría de los impuestos siguen siendo recaudados por la Administración central, y en cambio su gasto se realiza, de manera creciente, por las autonomías.

Un miembro del equipo de Joaquín Almunia -ministro para las Administraciones Públicas- lo explica así: "El Gobierno asume el coste de impopularidad que representan los impuestos, pero cada año controla un porcentaje menor del destino que se da a esos fondos".

A estos problemas se suma la revisión de los estatutos o la ampliación de competencias. Las comunidades constituidas con arreglo al artículo 143 de la Constitución -la vía lenta- tienen derecho a plantear esa revisión, al haberse cumplido cinco años desde la entrada en vigor de los correspondientes estatutos. En este sentido, las autoridades autonómicas de Baleares, Castilla y León, Aragón, Asturias o Madrid -y en algún caso los propios Parlamentos-, han expresado ya su deseo de proceder a dicha ampliación.

La revisión puede reclamarse por vías diversas. El Gobierno propuso en el Senado, el 1 de diciembre pasado, la utilización del artículo 150.2 de la Constitución, que da la iniciativa al Gobierno para delegar o transferir competencias mediante ley orgánica. El CDS y Alianza Popular se oponen a ello y defienden, a su vez, la atribución de la iniciativa a los Parlamentos autonómicos (es decir, propuestas encaminadas a ampliar los estatutos).

En definitiva, las dos vías se traducen en una ley que han de tramitar las Cortes.

Muchas de las competencias a transferir tienen enorme: importancia financiera y dificultades de gestión. Los escollos más serios son las transferencias en materia de sanidad, que por su volumen de problemas interesa menos a la mayoría de las comunidades. Pero los más inmediatos son las competencias de educación, que reclaman varias autonomías.

A este respecto, el equipo del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) se muestra poco dispuesto a una transferencia rápida. El asunto debe ser estudiado con todo rigor, "por la enorme trascendencia el impacto de este cambio sobre el sistema educativo" que, una vez realizado, "es irreversible", según un alto cargo del citado departamento.

Actualmente, el territorio gestionado directamente por el MEC afecta sólo a 24 provincias, puesto que seis comunidades (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana) disponen ya de esa competencia. Si fuesen transferidas estas materias al resto, este ministerio dejaría prácticamente de tener sentido.

Un alto cargo de Administraciones Públicas afirma que "es necesario un diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para organizar y coordinar el proceso de ampliación de competencias", que al propio tiempo permita reflexionar sobre el resto de los problemas planteados al Estado de las autonomías.

Esa reflexión podría hacerse también "entre los partidos estatales", agregó la misma fuente, con el fin de "evitar que lleguen a las Cortes una multiplicidad de peticiones diferentes, probablemente con competencias distintas planteadas por cada comunidad, que complicaría mucho el proceso".

La última iniciativa encaminada a aumentar las competencias ha tenido como escenario las Cortes castellano-leonesas, que la pasada semana tomaron en consideración una proposición de ley presentada por el CDS para que la comunidad reciba las competencias de Educación, informa Luis Miguel de Dios desde Valladolid.

La vía elegida ha sido el artículo 150.2 de la Constitución, es decir, la ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. Votaron a favor AP, CDS y el único representante de la Democracia Cristiana, mientras que los socialistas se abstuvieron. El debate de la propuesta reflejó claramente la postura de los partidos políticos de ámbito nacional. Pese a las críticas de oportunismo, los conservadores respaldaron la proposición por entender que lo importante es que lleguen a Castilla y León las competencias educativas.

Oferta de consenso

El presidente de la Junta, José María Aznar (AP), prometió enviar a la Cámara iniciativas para aumentar el techo de competencias de Castilla y León basadas en el desarrollo del propio estatuto de autonomía. José María Aznar hizo hincapié en la necesidad de que "el marco constitucional de distribución de competencias está determinado por los estatutos de autonomía y ahí se debe de desarrollar"; y reiteró su oferta al Gobierno central de llegar a un gran consenso sobre este asunto.

El socialista Jesús Quijano insistió en que la asunción de nuevas competencias no puede llegar por la táctica de goteo y pidió al CDS y a Alianza Popular que "tengan sentido de estado" a la hora de abordar cuestiones tan complejas y trascendentes como los desarrollos de los estatutos de autonomía". El CDS reconoció que la vía emprendida no es la que más le gusta ya que prefiere la reforma del estatuto de autonomía, pero indicó que "es la única que ofrece en estos momentos el Gobierno de la nación y hay que aprovecharla".

Tras la decisión de ayer de las Cortes se inicia ahora la tramitación de la proposición de ley que tendrá como primer paso la recepción de las enmiendas que quieran presentar los grupos parlamentarios. Si se aprobase finalmente la propuesta en la Asamblea autónoma, sería enviada a las Cortes Generales, que decidirán en última instancia.