Llega al Tribunal Constitucional el pleito sobre Cajamadrid

El pleito en torno a la renovación de la asamblea y el consejo de Cajamadrid, seguido como propio en numerosas cajas de ahorro, ha llegado al Tribunal Constitucional, que en los próximos días fallará otros recursos sobre la renovación de órganos rectores en este 40% del sistema financiero. Izquierda Unida acaba de presentar un recurso de amparo contra el acuerdo del pleno municipal de Madrid del 27 de marzo pasado que nombró a 28 miembros de la asamblea, decisión que de hecho ratificó las mismas designaciones de socialistas efectuadas antes por un decreto de la alcaldía luego anulado por decisión judicial.Los concejales del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital de España, encabezados por Francisco Herrera, han pedido al Tribunal Constitucional que declare el acuerdo municipal impugnado contrario a los artículos 14 y 23 de la Constitución. El objetivo expreso de esta solicitud consiste en que "se reconozca el derecho de todos los concejales integrantes de los grupos políticos de la Corporación a participar en la designación de los disputados representantes en la asamblea de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid según un criterio de proporcionaliad".

Mayoría y proporcionalidad

Después de que el Ayuntamiento ratificó los nombramientos objeto ahora del recurso, el gobierno municipal surgido de las elecciones del pasado 10 de junio consideró las últimas incidencias judiciles, así como la pérdida de mayoría absoluta por el PSOE, y aceptó efectuar los nombramientos con criterios de proporcionalidad política, en lugar de designar a todos entre afiliados o simpatizantes socialistas. Pero el Ayuntamiento había recurrido una sentencia adversa a los nombramientos de marzo anterior, y el Tribunal Supremo le dio la razón el 2 de febrero último, al negar a las minorías el derecho a nombrar representantes en las cajas de ahorro de forma proporcional a su peso político.Aunque el fallo del Supremo es firme y cierra el caso en su ámbito, Izquierda Unida ha aprovechado que abre la vía constitucional para asentar el criterio de la proporcionalidad. En su recurso de amparo, planteado a través del bufete Palacio-Delgado, argumenta que el dejar los nombramientos a simple voluntad de una mayoría política vulnera el artículo 14 de la Constitución, entre otras razones porque se discrimina ideológicamente a los concejales de las minorías frente a los del grupo de Gobierno. También considera vulnerado el artículo 23, en torno al cual está asentada la doctrina de que el derecho a acceder a los cargos públicos implica el de desempeñarlos en términos tales que no se vacíe de contenido ninguna de las funciones que les corresponde desarrollar o se les estorbe o dificulte con artificialidades.