La Audiencia de Sevilla suspende otra vez la demolición del chalé de Bertín Osborne

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla ha suspendido la cuarta orden de demolición dictada por el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, contra un chalé propiedad de Sandra Domecq Williams y Norberto Ortiz Osborne. El auto, que fue comunicado ayer a la gerencia municipal de urbanismo de Jerez -cuyo presidente, Pedro Pacheco, ordenó el derribo- suspende la orden de demolición "de las obras de ampliación de la edificación sita en la finca Santiago, en el kilómetro 4 de la carretera de Jerez a Cortes y que fue notificada a la propiedad el día 3 de los corrientes, concediéndole a tal fin un plazo de 15 días".

Sin entrar a fondo en el asunto, la ilegalidad o no de la construcción, el auto de la Sala de lo Contencioso recuerda que otro auto dictado por ese mismo tribunal manifestó que el ayuntamiento de Jerez carecía de competencias para denegar la licencia de obras solicitada por Bertín Osborne, "declarando que el órgano competente es la comisión provincial de urbanismo".Dicha comisión, el 8 de mayo de 1987, dio la razón al ayuntamiento de Jerez considerando ilegales las obras de ampliación del chalé. Los abogados de Bertín Osborne presentaron recurso de apelación ante la decisión judicial de declarar competente a la comísión provincial de urbanismo. El auto advierte que "a la Sala no le consta que haya sido resuelto de modo que aquella sentencia aún no ganó firmeza".

Bertín Osborne, que se encuentra en Miami (EE UU), ha anunciado a través de su abogado, Benito Pérez, que concederá una rueda de prensa, posiblemente en Sevilla, a su regreso de América para contestar a los múltiples ataques que, según ellos, han venido recibiendo él y su familia, desde el ayuntamiento y por parte del alcalde de Jerez, el andalucista Pedro Pacheco.

"No padece el interés público"

El auto de la Sala de lo Contencioso dictado el viernes 11 del presente mes también destaca en su argumentación jurídica que "no padece en este supuesto el interés público porque se demore la demolición o desmantelamiento de la edificación hasta que se dicte una resolución que definitivamente decida el fondo del asunto".Fuentes del equipo jurídico que defiende a Bertín Osborne han destacado la "casualidad" de que el secretario accidental de la comisión provincial de urbanismo que declaró ilegal la construcción asumiendo el informe negativo del ayuntamiento de Jerez "trabaje ahora, al parecer, como asesor jurídico de la gerencia de urbanismo de Jerez".