Un juez italiano descubre que el tráfico de armas entre París y Teherán siguió de 1983 a 1988

Un juez veneciano llamado Felice Casson ha descubierto, según un reportaje que publica el semanario parisiense Le Nouvel Observareír, más de 400 copias de télex que prueban la existencia de un tráfico ilegal de armamento entre Francia e Irán entre 1983 y 1988, lo que significa que el tráfico no se limitó a los años de Gobierno socialista.

El descubrimiento del juez italiano desmiente de nuevo las afirmaciones del Gobierno conservador francés, que pretendía hasta ahora circunscribir el comercio ilegal a los años de Gobierno socialista en Francia. La sociedad Luchaire, incriminada en el negocio ilegal y cuyo director ha sido procesado, ha desmentido formalmente "que sus actividades militares puedan ser puestas en duda después de la. presentación de la querella".El juez Casson, especializado en el terrorismo de extrema derecha, siguiendo la pista de un militante neonazi, tropezó con un extraño estudiante iraní de 34 años llamado Abedi Tari que resultó ser el jefe de una red de espionaje y de compra de armas establecida por los servicios secretos jomeinistas en Italia, y por su tapadera legal, la compañía Islamic Republic Shipping Lines de Génova.

El papel de España y Portugal

En uno de los registros efectuados por orden del juez la policía halló los télex que demuestran la existencia del tráfico a través de Sea y Consar, dos empresas filiales de Luchaire en Italia. En esta documentación se puede comprobar el activo papel que juegan España y Portugal en el tráfico de obuses hacia Irán.El valor del comercio ilegal entre Luchaire e Irán se desconoce, pero el juez Casson asegura que la sociedad francesa ha recibido unos 2.000 millones de francos (40.000 millones de pesetas), cifra que considera bastante inferior a la realidad de este negocio.

Según Le Nouvel Observateur el 3% de las facturaciones de Luchaire destinadas a Irán habría sido destinado a pagar a unos desconocidos comisionistas a través de una sociedad panameña llamada Overmarco.

El llamado informe Barba, por el nombre del inspector general del ejército francés que investigó el caso, aventuraba la posibilidad de que los socialistas franceses hubieran recibido una comisión del 3% por este tráfico ilegal.

La instrucción de la querella contra Luchaire ha llevado a desmentir la posibilidad anunciada por Barba, pero el semanario francés asegura que el ministro del Interior, Charles Pasqua, está siguiendo muy de cerca el caso por si existiera la posibilidad de un nuevo escándalo político que salpicara a los socialistas y arruinara la imagen de su candidato.

Las investigaciones del juez Casson aportan algunos datos más sobre el llamado Eurogate, nombre con el que se conoce el enorme tráfico ilegal de armamento destinado a Irán por parte de la práctica totalidad de los países europeos, España incluida.

Todo parece indicar, según estos nuevos datos, que este comercio ilegal es parte del propio Irangate, organizado en Estados Unidos por colaboradores del presidente Ronald Reagan.