Escolares a casa

LA HUELGA mantenida por el profesorado de la enseñanza pública ha tenido una indudable y preocupante repercusión social. No solamente ha privado de su derecho a la instrucción a varios millones de niños, sino que ha creado gravísimos problemas a sus familias. El sistema educativo, además de su primordial finalidad de transmitir conocimientos, presta en los niveles básico y medio un importante servicio social de custodia del alumno que cuando se interrumpe causa serios daños al ciudadano. Esta misma situación puede repetirse los próximos días 16 y 17 y, más tarde, el 14, 20 y 26 de abril. A nadie se le escapa la gravísima -incidencia que esta interrupción intermitente del curso lectivo puede tener en el alumnado en momentos claves de evaluación y cuando se está a punto de iniciar la recta final del año escolar.Las reivindicaciones de los sindicatos convocantes de la huelga se centran en la homologación de los niveles retributivos del personal docente con la media del resto de los funcionarios, la reducción de dos horas y media en la jornada semanal de trabajo y la creación de un marco jurídico en el que: se resuelvan los problemas derivados de la responsabilidad civil del profesorado. La equiparación retributiva es una vieja aspiración que se remonta al menos al año 1982; la inquietud por las repercusiones de la responsabilidad civil es más reciente y tiene que ver con la mayor conciencia social creada ante los accidentes escolares y las consecuencias de los desórdenes que a veces se producen en las aulas.

Evidentemente, todas ellas son cuestiones que repercuten gravemente en los bolsillos de los profesores o en su derecho a la seguridad jurídica, y para las que debería encontrarse una solución cuanto antes. No se comprende bien por qué a los profesores de EGB y BUP se les aplica el nivel retributivo más bajo de la categoría de funcionarios a la que están asimilados. El argumento de la Administración es el alto coste económico que supone la equiparación para un colectivo de más de 270.000 personas. Además de evidenciar un escaso aprecio por la función docente, esta actitud representa un formidable obstáculo a los intentos de mejora de la calidad de la enseñanza pública. Entre tanto persista este agravio comparativo va a ser dificil motivar al principal agente de esta mejora, que es el profesorado, a que actúe en consecuencia.

La solución de todos estos problemas exige un cambio de actitud del Gobierno, pero también de los sindicatos de enseñanza. Portavoces oficiales han anunciado la disposición del Ministerio de Educación a negociar los aspectos retributivos con vistas al presupuesto de 1989, al mismo tiempo que una serie de obligadas contrapartidas para la mejora de la enseñanza. El pretexto esgrimido hasta ahora para negarse a negociar ha sido la ausencia de interlocutores válidos del profesorado. Pero ahora ya se sabe quién es quién y cuál es la cuota de representatividad de cada sindicato después de las primeras elecciones sindicales celebradas entre el funcionariado.

Los sindicatos de enseñantes, si no quieren desacreditarse apenas conquistado su reconocimiento oficial, están también obligados a modificar su comportamiento y a moderar en lo sucesivo su abusiva inclinación por la huelga. Acudir siempre a este recurso excepcional y expeditivo en un sector como el de la enseñanza, donde se obvian los servicios mínimos, es colocar en un situación de absoluta indefensión a millones de ciudadanos -alumnos y familias enteras- que pagan sus impuestos. Pero cualquier negociación, si no quiere caer en un estrecho gremialismo, debe contar con los otros protagonistas de la comunidad escolar: los alumnos y sus padres. Cuestiones como la reducción de la jornada escolar, bajo ningún aspecto pueden plantearse sin tener en cuenta la opinión de estos sectores sociales. Los intereses del sistema educativo van más allá de los personales o corporativos de los profesores, por legítimos que sean.