Dos hombres, supuestos autores de estafas inmobiliarias por valor de 500 millones

Dos personas han sido encarceladas por su presunta implicación en estafas y alzamiento de bienes que causaron a los afectados un perjuicio estimado en 500 millones de pesetas, según la Dirección General de Policía. Los supuestos autores de estos delitos fueron Benito del Peral Pérez y José Antonio Hernández García. Un tercer supuesto implicado, Santiago González Rodríguez, murió en accidente de tráfico el pasado 3, un día antes de la actuación policial.

La investigación policial se inició a raíz de que Manuel Mendoza Muñoz y Antonio José Jiménez Filpo presentarán el pasado 21 de enero una denuncia en la que explicaban que los responsables de la empresa Inversiones y Construcciones Costa les habían presuntamente estafado 228 millones.Los denunciantes aseguraron que habían vendido a los supuestos estafadores, mediante un contrato privado, la urbanización El Mirador de la Sierra, sita en el término municipal de Collado - Villalba, sin que un año después hubieran recibido el dinero convenido.

Los perjudicados añadieron que los responsables de la citada empresa inmobiliaria habían vendido 71 pisos y 14 locales de la citada urbanización, lo que causó perjuicios por importe de 190 millones a más de 70 personas, según la Dirección General de Policía.

Benito del Peral, nacido en Jódar (Jaén), de 33 años, y José Antonio Hernández, natural de Madrid, de 39 años, habían formado a partir de 1985 diversas empresas inmobiliarias en asociación con el difunto Santiago González Rodríguez, de 42 años. Según la policía, contrataban a diversos profesionales para la edificación de inmuebles, "a los que no pagaban el importe de las contratas" e "idéntico procedimiento utilizaban con los proveedores de materiales".

Los inculpados abandonaban posteriormente la empresa constituida y formaban una nueva sociedad, para lo que supuestamente utilizaban hombres de paja.

La policía realiza ahora investigaciones sobre la urbanización La Cerca, ya que existen indicios que permiten suponer que los obreros y proveedores de materiales fueron pagados con pisos de la urbanización El Mirador de la Sierra. Sin embargo, estas personas no han podido llegar a hacerse con la posesión de estos inmuebles, debido a que ninguno de los detenidos es propietario de tales viviendas. Los encargados de la investigación han descubierto la existencia de cuatro empresas que fueron creadas por los presuntos estafadores, quienes las fueron liquidando sucesivamente, ante el creciente acoso de los acreedores.

La policía ha conseguido reunir las declaraciones de veintidós perjudicados, así como documentación extraída de registros mercantiles, fotocopias de contratos y declaraciones de finiquitos, que permiten sospechar que los acusados son los presuntos autores de una estafa estimada entre 400 y 500 millones de pesetas. Según fuentes policiales, algunos de perjudicados han quedado prácticamente en la ruina, mientras que los supuestos autores de estos hechos mantenían un elevado nivel de vida.

Por otra parte, y en relación con este tipo de hechos, una inspección de la Dirección Dirección General de Consumo y Comercio de la Comunidad de Madrid ha descubierto casos de presuntas estafas en 20 de las 110 agencias inmobiliarias inspeccionadas desde 1986.

Estas 20 presuntas estafas han sido puesta en manos de la Fiscalía General del Estado para que emprenda las oportunas acciones judiciales de oficio. En la mayoría de los casos, la Dirección General de Consumo ha requerido la colaboración de la Brigada Regional de Estafas para esclarecer la identidad de los supuestos responsables.