La falta de acuerdo con las cajas rurales plantea el cambio del presidente del BCA

Los problemas para la renovación del acuerdo suscrito hace tres años por el Banco de Crédito Agrícola (BCA) y un numeroso grupo de cajas rurales están provocando que en algunos sectores del Ministerio de Economía y Hacienda se empiece a plantear la posibilidad de cambiar al presidente del banco oficial, Luis García de Blas, como fórmula para tratar de recomponer el diálogo no sólo con las cajas rurales, sino también con el Banco de España e incluso para replantearse el futuro del grupo asociado, que podría reducirse numéricamente. La compra de la Caja Rural de Murcia por parte de la Caja de Ahorros de Murcia ha sido el detonante de la nueva situación.

El futuro de las cajas rurales como instituciones de crédito independientes, vinculadas o no al Banco de Crédito Agrícola, depende en estos momentos de que puedan desbloquearse las conversaciones que se mantienen entre representantes del BCA y de las cajas rurales para tratar de adaptar el acuerdo vigente a la nueva situación. Las conversaciones están paradas, y se ha dado un plazo de tres meses para reconsiderar las posiciones iniciales, aunque se duda de que el plazo pueda llegar a cumplirse.Según fuentes del sector, la figura del presidente, Luis García de Bias, que sustituyó hace un año a José Barca, autor del anterior acuerdo, empieza a ser un elemento sustancial a la hora de definir por dónde pueden terminar las conversaciones. Estas fuentes señalan que García de Bias fue nombrado en un momento en el que las tensiones entre el BCA y las cajas rurales eran pequeñas, aunque se habían hecho bastante mayores con el Banco de España por el inicio de la venta de algunas cajas rurales en dificultades a las grandes cajas de ahorro, que optaron por esta vía para superar los problemas de expansión territorial.

La negativa formal del Banco de Crédito Agrícola a la venta de cualquier caja rural, aunque en la práctica fuera incapaz de articular propuestas alternativas que garantizaran la viabilidad de las cajas rurales sin que ello supusiera nuevos desembolsos de recursos públicos, y el clima de enfrentamiento que ello supuso deterioraron aún más las entre la banca pública y el Banco de España. En otros sectores de la Administración se critica que esta postura no ha impedido en ningún caso la venta de las cajas rurales, algunas de las cuales se consideraban irrecuperables dentro del esquema actual, pero que se han dejado perder otras que "nunca debieron salir del ámbito rural".

El acuerdo de venta de la Caja Rural de Murcia a la caja de ahorros de la región ha sido la gota que colma el vaso. La Rural de Murcia, al margen de ser una entidad en dificultades que se vio presionada por el Banco de España a tomar una decisión de venta, es una de las cajas rurales de mayor tamaño, y sobre todo una de las más representativas en cuanto que Murcia es una región eminentemente agrícola, y, según estas fuentes de la Administración, "si tiene sentido alguna caja rural, tendría que estar en esta región".

Sin embargo, la Caja Rural de Murcia ha llegado a un acuerdo con la caja de ahorros de la provincia por la que la primera se integra en la segunda, sin que el BCA pudiera hacer nada por impedirlo.

Crisis del sector

El actual acuerdo entre las cajas rurales y el BCA se realizó en medio de la crisis de buena parte de estas entidades, producto de las malas cosechas, la excesiva concentración de riesgos y la escasa profesionalidad de parte de sus ejecutivos, que exigió cuantiosos recursos públicos para su saneamiento. A la sombra de esta situación, el BCA logró un acuerdo de cooperación entre esta entidad y casi 80 cajas rurales que representaron un porcentaje significativo de la actividad financiera del crédito al sector.El desarrollo del acuerdo, los buenos resultados obtenidos en los últimos ejercicios y la desaparición de una docena de cajas rurales ha provocado que una parte de las que firmaron el acuerdo pidieran su renovación sobre otras bases con un mayor grado de autonomía para las rurales y más enfocado a la constitución de servicios comunes que a una plena integración.

Las grandes cajas rurales, que han obtenido elevados beneficios en el pasado ejercicio, son las que más están presionando para la ruptura del acuerdo, mientras que las pequeñas, que tienen un menor grado de autonomía y necesitan más la integración en grupos superiores para diversificar el riesgo, son más proclives a firmar un nuevo acuerdo.