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El fallo sobre el despido del comité de Alúmina puede provocar un cambio de las leyes laborales

El juicio celebrado ayer ante la Magistratura de Trabajo número 2 de Lago por el despido de los 23 miembros del comité de Alúmina-Aluminio no tiene precedentes en la historia laboral española al tratarse del primer caso en que se produce el despido de la totalidad del comité. El fallo sentará jurisprudencia y, según las fuentes jurídicas consultadas, puede provocar incluso, la modificación de leyes laborales. Pese a ello, el profesor Sagardoy, defensor de la empresa, considera que "no se trata de un juicio a la clase trabajadora, a sus órganos de representación ni a los sindicatos".

Juan Antonio Sagardoy, miembro del equipo de juristas que defiende a la empresa, entiende que se analiza el alcance del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. "Lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales en una democracia", afirmó. Antonio Gómez de Enterría, defendiendo a Alúmina Española, SA; calificó de "tumulto revolucionario" la pretensión del comité de hacerse cargo de la empresa.El comité de empresa de la factoría de Inespal Alúmina-Alumino, situada en San Ciprián, al norte de la provincia de Lugo, actuó con vulneración de la legalidad, un claro desbordamiento de sus competencias y transgrediendo la buena fe contractual siendo el principal responsable de la paralización de la producción en el complejo, según las conclusiones a las que llegó el letrado de la empresa, Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, en el juicio celebrado ayer por el despido de los 23 miembros que lo componen. El defensor de los trabajadores, Luis Enrique de la Villa, solicitó que los despidos sean declarados radicalmente nulos y en último extremo improcedentes.

La defensa de los trabajadores, representada por el catedrático de Derecho Procesal Luis Enrique de la Villa y Esperanza López Silvosa, sostuvo en la vista de ayer que el despido es irregular y absolutamente injustificado, ya que se llevó a cabo por participar, incitar y sostener una huelga que en su opinión no ha existido. Como en el anterior juicio por el despido de 111 trabajadores, centró su intervención en defender las tesis de que no se produjo abandono de los puestos de trabajo sino una evacuación que previamente había sido pactada con la dirección de la empresa y destacó que cuando una persona que ostenta una representatividad laboral es despedida por el ejercicio de su función se trata de un despido radicalmente nulo. De igual forma mantuvo que el comité no actuó en ningún momento por la fuerza y que se produjo un despido con carácter retroactivo. Por todo ello solicitó la declaración de radicalmente nulos, nulos de derecho o improcedentes.

El equipo de letrados de la empresa, integrado por el también catedrático de Derecho Procesal, Juan Antonio Sagardoy, Daniel Salazar, Julio Veloso y Antonio Gómez de Enterría, mantuvo que la conducta de los 23 representantes de los trabajadores "es en todo momento insostenible" pero de forma especial desde que el mercante Galerno abandona San Ciprián con los bidones hacia Holanda y no se produce una reintegración a los puestos de trabajo. Especial atención prestó a la comunicación remitida a la empresa por el comité, en la cual solicitaba la transferencia de todas las competencias civiles y administrativas sobre la factoría, para que el comité junto con los trabajadores pusiesen en servicio las instalaciones y constituyéndose en consejo de administración.

"Constituirse como quiso el comité en consejo de administración es un hecho insólito", dijo Sagardoy. "Y no se nos diga que el artículo 6 del Código Civil les ampara, en base a la interpretación realista de las normas, ya que al pedir todos los poderes de la empresa, ni se trataba de poner en funcionamiento la experiencia francesa o italiana de restricción del poder empresarial, ni la alemana de compartir el poder, ni aun siquiera la yugoslava de asunción del mismo, pues aun en este caso hay parcelas de poder ajenas a los trabajadores".

Testimonios contradictorios

Entre los numerosos testigos de las dos partes que prestaron declaración, se hallaba además del director del complejo, José Luis Benito Moñita, y el subdirector y jefe de la planta de aluminio, Manuel Franco Leal, que incurrieron en contradicciones, los alcaldes de los municipios coruñeses de Corcubión y Noya, Rafael Mouzo y Pastor Alonso, quienes confirmaron que según sus informaciones, los bidones del Cason que se trasladaron a Lugo eran los que contenían los productos más peligrosos y que existió un clima de pánico e histerismo generalizado entre la población, por su presencia.El presidente del comité José Angel Pérez, afirmó que éste actuó de forma colegiada y que en ningún momento se impidió el acceso a la factoría de los trabajadores que pretendían reincorporarse a sus puestos, lo que fue desmentido más tarde por testimonios de otros testigos, quienes mantuvieron que únicamente se permitió el acceso a los jefes de departamento. Líderes sindicales, alcaldes y concejales de la comarca lucense de A Mariña y trabajadores del complejo, aseguraron que se trató de una evacuación y no de una huelga, lo que fue rebatido por otros testigos.

Al juicio, seguido por un elevado número de trabajadores a través de un circuito cerrado de vídeo, asistieron en calidad de observadores los líderes sindicales, Manuel Zaguirre (USO), Apolinar Rodríguez (UGT), Ignacio Tojo (CC OO) y Xan Carballo (INTG). En las inmediaciones de la magistratura casi un millar de trabajadores se manifestó en solidaridad con los despedidos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 5 de marzo de 1988

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