Las juntas electorales vigilarán todos los programas de canales privados en tiempo de campaña

Todos los programas que emitan las televisiones privadas en período de elecciones, aunque el objetivo no sea específicamente el de la información electoral, estarán sometidos a una vigilancia de las juntas electorales en caso de que se mantenga en su actual redacción el artículo único de la ley orgánica reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisión privadas, tal y como lo propuso ayer el Grupo Socialista del Senado.

El nuevo texto de esta ley -aprobado con los votos del PSOE y PNV, la abstención de Convergéncia i Unió, y la oposición de AP, CDS, PDP, PL y Eusko Alkartasuna- prohíbe explícitamente la contratación de espacios electorales en las emisoras privadas de televisión.El PSOE mantiene casi intacto, su proyecto de ley de televisión privada pese a las críticas unánimes de la oposición. En una reunión de la comisión constitucional del Senado celebrada ayer, los socialistas se quedaron solos en la defensa global del proyecto, mientras que los demás grupos políticos, con excepción del Partido Nacionalista Vasco, defendieron enmiendas a la totalidad.

El Grupo Socialista neutralizó con sus votos las pretensiones de devolver el texto al Gobierno así como de introducir modificaciones parciales con algún relieve político. La ley será discutida por el pleno del Senado que comienza el próximo día 15 y, debido a las transformaciones introducidas por el partido socialista durante su debate en ponencia, tendrá que ser remitida de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.

Respeto al pluralismo

El Grupo Socialista del Senado sacó ayer adelante una enmienda de sustitución del artículo único del proyecto de ley orgánica reguladora de la publicidad electoral en las televisiones privadas por la que se establece lo siguiente: "el respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los programas difundidos durante los períodos electorales por las emisoras de televisión privada objeto de concesión quedarán garantizados por las juntas electorales en los mismos términos previstos en la legislación electoral para los medios de comunicación de titularidad pública.La anterior redacción de este proyecto de ley suponía ya la prohibición para las emisoras privadas de contratar publicidad electoral así como la obligación de repartir los espacios publicitarios gratuitos proporcionalmente a la representatividad de cada partido, según los porcentajes marcados para Televisión Española por la ley electoral general.

Pero no atribuía, como hace ahora, unas competencias a las juntas electorales para garantizar que las intervenciones políticas que se produzcan en cualquier tipo de programa de los canales privados sean exclusivo y estricto reflejo de una regulación legislativa en vez de reflejo de los criterios profesionales de cada emisora.

Mientras que el portavoz del PSOE, Juan Antonio Arévalo, defendió este proyecto de ley con la tesis de que "el pluralismo significa no sólo libertad para los ricos, para los que pueden pagar publicidad en televisión, sino para todos", el principal representante de AP, Emiliano Sanz Escalera, sentenció que con la propuesta del PSOE se avanza hacia "una televisión rosa, sin contenidos políticos, y a la vez estatista".