El presunto fraude de la urbanización valenciana de Calicanto llega al juzgado

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado tramitar una querella que presentaron varios propietarios de parcelas en la urbanización Cumbres de Calicanto, ubicada a 15 kilómetros de Valencia. Los querellantes han venido denunciando en diferentes instituciones lo que consideran una cadena de fraudes e irregularidades. El Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo son algunas de las instancias a las que han recurrido los afectados.

Los presuntos fraudes arrancan de construir sobre terreno no urbanizable, de cobrar contribuciones municipales sobre obras no autorizadas por los propios ayuntamientos que emiten los recibos y de tener paralizada una urbanización que debió estar terminada hace 12 años.Los denunciantes consideran que los ayuntamientos implicados y la Consejería de Obras Públicas no han asumido las responsabilidades que les corresponden una vez que la empresa promotora, Urbanizadora Cumbres de Calicanto, ha demostrado no tener capacidad para concluir unas obras, que llevan tantos años de retraso. Técnicos de la citada consejería reconocieron que la promotora no posee la solvencia necesaria para cumplir sus compromisos.

La urbanización está ubicada en la sierra Perenchiza y ocupa terrenos de los municipios de Torrent, Chiva y Godelleta. Una gran parte de las más de 3.000 parcelas que componen el complejo fue edificada a finales de los años 60 y comienzos de los 70 sobre terreno no edificable, de acuerdo con la legislación urbanística. Esta presunta ilegalidad, sin embargo, fue bendecida por la extinta corporación Gran Valencia. Otra zona de la urbanización sólo fue aprobada provisionalmente, y el Áyuntamiento de Torrent llegó a cobrar contribuciones, que últimamente ha comenzado a devolver ante la dudosa legalidad de la medida.

El cambio experimentado en la legislación urbanística no ha mejorado la situación en las Cumbres de Calicanto. Las nuevas normas obligan a la Administración a intervenir si se demuestra que las promotoras privadas son incapaces de cumplir sus objetivos.

Embargos

Los embargos sufridos por la promotora demuestran su incapacidad para continuar la construcción, algo reconocido por la Consejería de Obras Públicas. Por otra parte, técnicos de este departamento autonómico explicaron que las parcelas son de segunda residencia en muchos casos y que fueron compradas a bajo precio.Entretanto, una sociedad civil creada por personas relacionadas con la empresa promotora intenta cobrar recibos por servicios tales como el alumbrado y la seguridad a los propietarios de los terrenos. Este intento de cobro de servicios ha provocado pleitos que han merecido sentencias contradictorias por parte de los juzgados de distrito. Esta circunstancia ha llevado a los denunciantes a presentar un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial para que investigue las contradicciones.

Muchos de los propietarios de parcelas se han negado a pagar por estos servicios. Argumentan que el alumbrado y la seguridad son servicios que los ciudadanos pagan dentro de sus impuestos municipales y que no existe tasas específicas por estos conceptos.

Antonio Sierra, directivo de la empresa promotora, declinó ofrecer su versión y se remitió a Juan Santamaría, presidente de una asociación de propietarios de parcelas, quien no pudo atender a este periódico por encontrarse "preparando un viaje".

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado tramitar la querella que, en una primera instancia, había sido archivada por el juez instructor. Contra el auto de archivo se presentó un recurso que ha prosperado. Los trámites deberá seguirlos ahora el mismo juez que dictó el auto de archivo, el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Gustavo Solaz.