El Gobierno británico anuncia la privatización del sector eléctrico
El Gobierno británico desveló ayer sus planes para privatizar el sector eléctrico del Reino Unido, un proyecto con el que pretende recabar 27.000 millones de libras, unos 5,5 billones de pesetas, y conseguir una mayor competencia entre grupos privados. La oposición laborista recibió con desagrado el anuncio hecho por el ministro de Energía, Cecil Parkinson, en el Parlamento. Los planes del Gobierno "no tienen nada que ver con incrementar la competencia, sino con el tratamiento de monopolios y oligopolios", dijo el portavoz de energía, John Prescot.El plan para eliminar el monopolio que desde el final de la guerra disfruta el Organismo Central Generador de Energía (CEGB) en Inglaterra y Gales, contempla la creación de tres grupos. El mayor de ellos controlará el 70% de la producción de energía y tendrá a su cargo todas las centrales nucleares; un segundo grupo se hará cargo del resto, probablemente, centrales térmicas; la red de distribuición irá a 12 entidades que tendrán la responsabilidad de suplir de energía a las áreas geográficas correspondientes.
Parkinson vendió ante los parlamentarios la que será la mayor privatización del país diciendo que "va a dar al cliente y a los empleados una oportunidad de participación en la industria", lo que fue desmentido por la oposición laborista, que no considera el plan como una privatización sino como una entrega del sector eléctrico nacional a una reducida oligarquía que, en su lucha por conseguir beneficios, acabará por incrementar tarifas, recortar empleo y recurrir a la importación de carbón.
Influencia en los precios
La influencia que esta privatización pueda tener en los precios es difícil de prever. Los planes del Gobierno se limitan a señalar que habrá un organismo encargado de velar por una competencia justa y por un control de los precios, pero los analistas establecen una secuencia lógica que da la razón a las tesis defendidas por los laboristas.La eventual privatización de la energía eléctrica ha sido objeto de intensos debates políticos y técnicos dentro del Gobierno, pero Parkinson ha conseguido imponer su criterio, con el decidido apoyo de Margaret Thatcher.
El plan anunciado ayer por el Gobierno tiene todavía que esperar a entrar en el Parlamento y pasarán dos o tres años antes de que sea realidad.
