_
_
_
_
_
TRIBUNALES

El Poder Judicial revoca la sanción al juez que dio permiso al 'ultra' Hellín

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estimó ayer el recurso de alzada presentado por el juez de vigilancia penitenciaria José Donato Andrés Sanz y revocó la sanción de un año de suspensión que le impuso la comisión disciplinaria del CGPJ por falta muy grave. El motivo de la sanción fue la concesión de un permiso penitenciario de seis días al preso ultraderechista Emilio Hellín Moro, que no regresó a la cárcel de Zamora, en donde cumplía condena por el asesinato de Yolanda González.

La resolución del pleno del Consejo General del Poder Judicial se produjo anoche tras una acalorada discusión sobre el informe del ponente Julián Serrano Puértolas. Faltó, por enfermedad, Pablo Beltrán de Heredia. La revocación de la sanción se acordó por 11 votos -incluido el del presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil-, frente a ocho vocales favorables a confirmaría.De los cinco miembros de la comisión disciplinaria que acordó la controvertida sanción sólo uno de ellos, Antonio del Cacho, modificó ayer su criterio y votó con la mayoría. A favor del mantenimiento de la sanción votaron los otros cuatro -José Luis Calvo, Juan José Martínez Zato, José Augusto de Vega y Pablo Castellano-, y completaron la minoría el vicepresidente del consejo, Manuel Peris, y los vocales Francisco Huet, Ignacio de Otto y Valentín de la Iglesia.

La sanción impuesta el pasado 4 de noviembre al juez Andrés Sanz, como autor de falta muy grave de abandono en el desempeño de la función judicial, originó un duro conflicto entre la magistratura y su órgano de gobierno.

Abandono 'activo'

La comisión disciplinaria consideró que "la figura del abandono se produce no sólo pasivamente, sino también de forma activa, cuando se obstaculiza el desenvolvimiento y aplicación del ordenamiento jurídico". La Junta de Jueces de Madrid se opuso a la sanción y advirtió del riesgo de que el CGPJ, mediante el ejercicio de la actividad disciplinaria, pudiera atentar contra la independencia judicial.Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado de Jueces para la Democracia y miembro activo de la Junta de Jueces de Madrid, manifestó su satisfacción por la resolución del pleno, "porque la interpretación del precepto disciplinario era absolutamente forzada", dijo, "y porque creo que el principio de legalidad hay que defenderlo siempre y no admite ser instrumentalizado ni siquiera en función de lo que coyunturalmente alguien pudiera considerar una buena causa. Actitudes autocríticas de esta naturaleza prestigian a las instituciones, en este caso al consejo".

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_