El Supremo impide instalar un centro de rehabilitación de drogadictos en las proximidades de varios colegios

La Sala Quinta del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid por la que se impide la instalación de un centro municipal de rehabilitación de toxicómanos en Chamartín, por entender que el funcionamiento de este centro es incompatible con la existencia de varios colegios en las proximidades. El tribunal hace una comparación entre la finalidad por la que se pone el centro y el derecho del niño y del adolescente "a no ser atacados en su integridad física y moral cuando hayan de acudir a los centros docentes", entendiendo que el interés del niño "es siempre superior". Fuentes municipales anunciaron ayer que el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

La sentencia, fechada el pasado día 16 y notificada el martes al Ayuntamiento, desestima el recurso de éste y confirma una sentencia de la Audiencia Territorial dictada el 29 de septiembre de 1986. El tribunal impone además al Ayuntamiento el pago de las costas del juicio, que se inició cuando la Asociación de Padres de Alumnos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, colindante con el centro asistencial, presentó un recurso contra la apertura del mismo.En los fundamentos de derecho, la Sala Quinta del Supremo, presidida por el magistrado Juan Ventura Fuentes, interpreta el artículo 15 de la Constitución en su aspecto referido al derecho a la integridad física y moral. Para ello el Supremo cita textos legales españoles e internacionales, entre ellos una sentencia de 1976 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera la protección a la moral como uno de los objetivos básicos de una sociedad democrática "siendo dato importante que la moral que se pretende proteger sea la de los jóvenes y niños en temas, además, que habida cuenta de su edad y circunstancias puede incitarles a adoptar conductas antisociales o pueden depravarles y corromperles".

A continuación, y para precisar si en este caso concreto "puede hablarse de ataque a tal integridad de la infancia y la juventud que cursa sus estudios en los centros de enseñanza ubicados en el lugar", el Tribunal Supremo compara la finalidad a que obedece la instalación del centro de ayuda a los toxicómanos y el derecho del niño y del adolescente, decidiéndose a favor de los segundos, porque "el interés del niño es siempre superior a cualquier otro".

100 millones de inversión

Pilar Fernández, concejala de Servicios Sociales, señaló ayer: "Vamos a acatar la sentencia, pero vamos también a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Eso supone que no desarrollaremos ninguna actividad de asistencia a los tóxicómanos en estos edificios de Chamartín y nos replantearemos su uso".

Los dos edificios afectados son de propiedad municipal. Según el Ayuntamiento, en su rehabilitación y equipamiento como centro de asistencia a toxicómanos se invirtieron hace tres años 100 millones de pesetas. Incluso se contrató a nueve personas que, al no poderse abrir el centro, fueron llevadas a otro centro de servicios sociales en donde tratan a 60 toxícómanos.

"La sentencia puede crear problemas para encontrar una ubicación a los cuatro centros que queremos abrir y que el alcalde presentó el martes", agregó Pilar Fernández. "Habrá que tener una mayor precaución, pero siempre puede haber un ciudadano al que no le guste la cercanía de estos centros", dijo la concejala.

"Es una contradicción que la población madrileña pida medidas no sólo represivas, sino también asistenciales, para los drogadictos y, por otro lado, haya sectores insolidarios que no quieren la construcción de estos centros en sus barrios. Es una hipocresía social el querer mandar a los drogadictos al campo para que nadie les vea", dijo la concejala.

"Los toxicómanos en tratamiento no son conflictivos ni contagiosos y tampoco generan problemas. Es mejor tenerlos en tratamiento que en la calle", señaló ayer, por su parte, Santiago de Torres, jefe del gabinete de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, quien mostró su preocupación con la decisión judicial. "Es necesario instar a la solidaridad de la población y hacerle ver que los centros han de tener una ubicación geográfica, añadió.

Julio Beamonte, presidente de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, manifestó que aún no había recibido la sentencia aunque, al conocer el fallo, valoró positivamente "el reconocimiento que se hace de un derecho que el niño tiene". "Entendemos que deben existir estos centros, pero no crear un centro de este tipo pegado a dos colegios. Nuestra postura no habría sido la misma si el Ayuntamiento hubiera cambiado la ubicación a otro punto no a otra zona de la ciudad sino fuera del entorno de un colegio".