La fiscalía pide cambiar la ley
La Fiscalía General del Estado entiende que los problemas que padecen los transexuales no pueden resolverse por vía judicial, sino que lo procedente es una modificación legislativa. En ese sentido, el pasado año el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, elevó al Gobierno una moción, en la que propone que se rellene la laguna legal existente.La moción señala que, entre otros efectos del cambio de sexo que requieren una modificación legislativa, figuran los que afectan al matrimonio anterior o subsiguiente del transexual, a los derechos sucesorios y a la adopción, así como a la exención o asunción del servicio de armas. También afecta a las prácticas deportivas, régimen penitenciario y posibilidad de ser sujeto pasivo de la violación o sujeto activo del delito de suposición de parto. Moscoso parte de que la evolución de la jurisprudencia española es similar a la de otros países europeos, porque, como en ellos, la legislación a aplicar "no se acomoda", dice, "al cambio de las costumbres y de los comportamientos sociales, ni a la progresiva evolución de las técnicas médico-quirúrgicas modernas".
El análisis jurisprudencial muestra que en Italia, aunque algunos tribunales inferiores adoptaron criterios avanzados en materia de transexualidad, la Corte Suprema negó el derecho de la persona a la rectificación de las actas del Registro Civil por cambio sobrevenido del sexo. Igual ocurrió en Francia, y esta misma tesis mantuvo la jurisprudencia de Alemania Occidental, si bien el Tribunal Constitucional avaló la rectificación del acta de nacimiento para adecuar el sexo al estado personal del ser humano que corresponde a su constitución física y psíquica.
En opinión de la fiscalía, las soluciones legislativas son más eficaces, excepto en Suiza, por su peculiar sistema jurídico, que permite al juez actuar como si fuera legislador. El primer país que legisló sobre esta materia fue Suecia.
