CiU intenta compaginar el consenso con el PSOE y la crítica a su política autonómica
Convergència i Unió (CIU) Intenta, a las puertas de las elecciones autonómicas, compaginar el consenso con el PSOE en asuntos de Estado con las críticas a su política autonómica, según fuentes nacionalistas. La coalición mayoritaria en Cataluña pretende dar la Imagen de apoyo a la gobernabilidad del Estado, pero enfrentada sobre el desarrollo autonómico. Las críticas de CiU en este ámbito aumentarán a medida que se acerque el 29 de mayo. En la coalición se reconoce que esta estrategia, de la que es valedor Miquel Roca, antecede a cada convocatoria de elecciones autonómicas.
El propio Miquel Roca, portavoz de Minoría Catalana en el Congreso, afirmó ayer a este periódico que es compatible ser oposición y estar a favor de determinadas iniciativas gubernamentales, "sin que eso signifique una mayor aproximación al PSOE". Esta postura no tiene relación con pactos o acercamientos al PSOE y el propio Roca explicó que "nunca el hecho de ser oposición nos hará estar en contra de una iniciativa del Gobierno si nos parece buena".Minoría Catalana y PSOE han coincidido en cuestiones como la concesión del suplicatorio para poder actuar judicialmente contra el diputado Ramón Tamames, en las propuestas para mejorar el funcionamiento de la Cámara o en el apoyo final a Álvaro Gil Robles como nuevo Defensor del Pueblo, si bien inicialmente eran favorables a que siguiera Joaquín Ruiz-Giménez".
El diputado en el Congreso por el PSC Joan Marcet insistió en que no existen acuerdos secretos con CiU y que estas coincidencias en política estatal entre socialistas y convergentes "es algo que CiU fuerza antes de cada convocatoria de elecciones autonómicas". Marcet se quejó de que "junto a esta postura, CiU busca ahora un mayor enfrentamiento en las cuestiones autonómicas y en la última Comisión de Cooperación parecieron venir con la página de los desacuerdos abierta".
Un portavoz del Gobierno puso entonces como ejemplo de esta poca voluntad nacionalista de colaborar en el terreno autonómico, el incumplimiento del pacto para poder retirar el recurso contra la ley catalana de la Función Pública. CiU se había comprometido a elaborar un reglamento que desarrollara la ley de tal forma que no pudiera ser contraria a la Constitución. El acuerdo previo suponía incluir en el redactado que la exigencia del conocimiento del catalán para los funcionarios no debía ser un previus, sino un meritus.
Tras esta última reunión, Roca habló de dar carpetazo a la comisión y pedir la reforma del Estatut con el argumento de la falta de financiación para asuntos pendientes, que, según el propio Gobierno, ni siquiera se trataron.
