Un programa radical

El programa "a corto plazo" del PCE incluye un conjunto de medidas espectaculares: cancelación del convenio bilateral con Estados Unidos, abandono del Comité Militar de la OTAN, desmantelamiento de las "bases norteamericanas", desmilitarización de la Guardia Civil, reducción de inversiones militares, nacioñálización de la banca privada, protección de la economía nacional frente a intereses extranjeros, paralización de la ley de televisión privada y erradicación de la prostitución, entre otras.Muchas de las propuestas sociales son meros enunciados, como el "desarrollo progresista de la ley general de Sanidad", la "mejora de las pensiones" o el logro de "una infancia en libertad, que erradique la marginación". Otras resultan más concretas: eliminación de la selectividad en la enseñanza, cobertura por la Seguridad Social del ciento por ciento de los parados, jubilación a los 60 años, aborto libre y gratuito, acceso generalizado a la planificación familiar, o un código antisexista en materia de comunicación social.

Todas estas medidas -más la ya conocida voluntad de entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos, en un plazo de 25 años- se suman a un cambio de modelo de partido, que debe volcarse en un movimiento sociopolítico de más amplia aceptación popular que los partidos comunistas clásicos.

El acercamiento entre los sindicatos CC OO y UGT es un dato de gran importancia para estimular "el rearme de la izquierda", según se lee en el documento.

La república

Las delegaciones al 129 congreso llevan innumerables enmiendas al programa, entre ellas la reivindicación de la república como forma de Estado. Gerardo Iglesias aclaró ayer, de nuevo, que es sólo una propuesta y no un punto ya aprobado.

"Mientras la Monarquía no sea un obstáculo para la profundización en la democracia, no haremos cuestión de la forma de Estado", agregó Gerardo Iglesias, quien desmintió que tanto él mismo, como S artorius o Camacho, hayan tenido algo que ver en la propuesta madrileña.

El PCE propone ciertas modificaciones de la ley electoral, como la supresión de las candidaturas cerradas y bloqueadas, sustituyéndolas por un sistema de listas abiertas, y el incremento del número de diputados del Congreso. Propugna también la suspensión de la publicación de sondeos durante las campañas y la reducción del límite de gastos permitido legalmente durante las mismas.