El Gobierno central acusa al vasco de cambiar la estructura de la Ertzaintza

El Gobierno central ha acusado al Gabinete autónomo vasco de modificar la estructura de la Ertzaintza (policía de Euskadi) sin contar con la Junta de Seguridad, que es el órgano competente en esta materia según el Estatuto de Gernika. La Delegación del Gobierno central en el País Vasco presentó el miércoles pasado un recurso ante la Audiencia Provincial de Bilbao contra una orden del 2 de febrero elaborada por la Consejería de Interior del Gobierno vasco."La orden altera unilateralmente el Reglamento de la Policía de la Comunidad Autónoma del País Vasco", según indica un documento interno de la Administración central, que agrega que "su estructura de mandos no tiene parangón con la prevista en el reglamento en aplicación del Estatuto de Gernika, que obliga a la cobertura de determinados niveles de mando [los superiores] por jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad del Estado".

La orden del Gobierno vasco citada establece que la brigada móvil y las comisarías de Durango, Ondárroa, Tolosa, Getxo, Balmaseda, Zumárraga, Arrasate, Beasáin, Bergara, Oñati, Gernika, Zarautz y Deba estén bajo el mando de un sargento mayor, un sargento o un inspector, incluido en el reglamento como categoría segunda. La Administración central entiende que deben ser dirigidos por un jefe u oficial de la primera categoría proveniente del Ejército o de los cuerpos de seguridad del Estado.

Bloqueo

Por su parte, el Gobierno vasco considera que el propio desarrollo de la Ertzaintza obliga a que los oficiales de la misma sean del cuerpo "para favorecer la promoción interna", según fuentes de la Consejería de Interior. Estas fuentes se mostraron contrarias a que los mandos de la Ertzaintza tengan que provenir forzosamente de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad.La diferencia sobre los mandos que se planteó en la última reunión de la Junta de Seguridad, celebrada el pasado jueves, ha sido ahora trasladada a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia de Bilbao, que tendrá que decidir al respecto tras la presentación del recurso por parte del Gobierno central. Otro de los aspectos que por el momento bloquean el acuerdo entre ambas administraciones para el repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado son los aspectos de coordinación futura entre las distintas policías.

En la última reunión, el Gobierno central entregó al vasco un documento en el que se pide la creación del Gabinete de Enlace y Coordinación (GEC) para la lucha contra todos los delitos, entre ellos el terrorista (véase EL PAÍS del 15 de enero).