La oposición pide que los jueces supervisen las medidas policiales aplicadas en la represión del terrorismo

El Congreso de los Diputados rechazó ayer, con la abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV), la petición de Izquierda Unida (IU), Euskadiko Ezkerra (EE) y Eusko Alkartasuna (EA) de devolver al Gobierno los proyectos de ley que incorporan a la legislación ordinaria parte de las normas excepcionales que figuraban en la derogada ley antiterrorista. La oposición pidió que se mantenga una especial vigilancia respecto de las acciones policiales de represión del terrorismo, que siempre deberán estar bajo control judicial.Joseba Azkárraga, de EA, anunció que si el articulado de los proyectos de ley se mantiene, su grupo en el Parlamento vasco presentará recurso ante el Tribunal Constitucional.

El control judicial no fue tan explícitamente solicitado por el portavoz de Alianza Popular (AP), Manuel Renedo, que proclamó la necesidad de que el Estado de derecho no quede desamparado ante los crímenes terroristas, aunque apeló a que las acciones represivas se realicen en el marco de la Constitución.

Nicolás Sartorius (IU), Juan María Bandrés (EE) y Joseba Azkárraga (EA) declararon su convencimiento de que con las leyes ordinarias se puede castigar implacablemente todo tipo de delitos, incluidos los de terrorismo. Dicho esto pasaron a justificar por qué solicitaban la devolución al Gobierno de los proyectos de ley que se incorporan al Código Penal y a la ley de Enjuiciamiento Criminal. Las objeciones de Sartorius se circunscribieron a los artículos que se incorporan a la ley de Enjuiciamiento Criminal.

La suspensión de cargos públicos incursos en procesos de delitos de terrorismo, pero que aún no hayan sido condenados, por lo que debe respetarse el principio de presunción de inocencia; la facultad del fiscal de revocar una orden de libertad que haya decretado el juez; y la ampliación de tres a cinco días de la detención de una persona relacionada con delitos terroristas, fueron aspectos que los tres diputados coincidieron en critícar.

Igualmente reabrieron la vieja polémica sobre si este tipo de delitos deben ser juzgados por la Audiencia Nacional, como se mantiene actualmente, o si, por el contrario, sería más idóneo que fueran los jueces de cada lugar.

El artículo 579

Otro elemento de discrepancia fue el artículo,579 de la ley de Enjuiciamiento, al que se le da una nueva redacción, según la cual el ministro del Interior puede ordenar la observación del correo privado que el procesado remita o reciba, así como sus comunicaciones telefónicas. El proyecto de ley que aprobó el Gobierno no contenía este apartado, que fue introducido por una enmienda del PSOE horas antes de que terminara el plazo de presentación de enmiendas.

Azkárraga pidió al Gobierno que se vincule a los acuerdos alcanzados en el Parlamento vasco sobre lucha antiterrorista, y, a su juicio, una forma de demostrarlo sería retirando estos proyectos de ley. Sartorius tuvo como línea argumental su creencia de que la eficacia contra el terrorismo no sólo se mide por la capacidad represiva del Estado, sino por la disminución del apoyo social a dicho fenómeno.

Juan María Bandrés recordó que el Tribunal Constitucional, en diciembre, declaró inconstitucionales algunos aspectos de la ley antiterrorista y advirtió de la necesidad "de que no se vuelva a caer en la misma piedra".

El discurso del socialista Carlos López Riaño, muy aplaudido por sus compañeros y elogiado por los tres enmendantes, provocó algún malentendido en los anteriores, toda vez que vieron en sus palabras un reproche hacia su inequívoco rechazo contra la violencia. "Un diputado progresista tiene que renunciar a la nostalgia de cualquier pasado violento", fue la frase de López Riafío que alteró a Bandrés, Azkárraga y Sartorius. Una serie de elogios mutuos deshizo la controversia.