Hacia una 'cumbre ' difícil

MUCHOS ESFUERZOS son desplegados en estos días para preparar compromisos aceptables con vistas a la reunión de los jefes de Estado y de Gobiemo de la CE (Consejo Europeo) que tendrá lugar en Bruselas la semana entrante. Pero los obstáculos siguen siendo enormes. Después de las visitas de Kohl y Genscher a diversas capitales -la República Federal de Alemania (RFA) ostenta en este semestre la presidencia de la CE- permanecen discrepancias fundamentales. Muchos piensan incluso que será preciso esperar al Consejo Europeo de Hannover, previsto para el mes de junio, para una eventual puesta en marcha de la reforma de la Comunidad.El Consejo debe abordar dos cuestiones que se entremezclan: el presupuesto para 1988 (la CE vive repitiendo las asignaciones mensuales de 1987) y la reforma que se desprende del Acta única Europea. Aprobar el presupuesto olvidando las novedades que el Acta única acarrea sería sabotear el porvenir de la construcción europea. Las dificultades se deben a la confluencia de problemas de dos tipos: los heredados de un presupuesto aberrante que ha dedicado el 70% de sus fondos a la agricultura, en beneficio de los países más ricos y fomentando unos sobrantes agrarios irracionales, y los que dimanan de los dos grandes objetivos del Acta única: el mercado único para 1992 y la mayor coherencia de la CE, o sea, la disminución de las diferencias entre los países que la integran.

Sobre los problemas agrícolas, la RFA ha logrado un inicio de consenso de vanos países en torno a un eventual compromiso. La propuesta alemana no es satisfactoria porque protege en exceso a los agricultores nórdicos y no corta como sería preciso los abusos de siempre. Sin embargo, España y los países meridionales, los más desfavorecidos por la actual estructura presupuestaria, se han mostrado flexibles en esta cuestión. Las aberraciones acumuladas durante años no se van a corregir de golpe. En cambio, Margaret Thatcher se muestra intransigente, exigiendo medidas drásticas para cortar el presupuesto agrícola y rechazando el compromiso propuesto por la RFA.

Esta actitud podría reflejar un deseo racional de reformar la CE, pero resulta poco congruente con otras actitudes de la primera ministra británica. Ésta se opone a muchas de las principales reformas que se necesita llevar a cabo para que el Acta única no quede sobre el papel. La posición británica es puramente restrictiva: un presupuesto disminuido, el mínimo de esfuerzos para estimular la competitividad europea en el plano tecnológico, una Comunidad sin proyectos ni política propia. La estrechez de míras de Londres en temas decisivos para Europa y su egoísmo en la aportación presupuestaria pueden ser causa de grandes dificultades en la próxima reunión de Bruselas. El obstruccionismo británico a la construcción de Europa comienza a irritar seriamente a los socios continentales.

Por otra parte, el resultado de dicha reunión no depende solamente de la racionalidad de las posiciones defendidas. Detrás de los principios que cada uno invoca están los intereses nacionales, y entre éstos existen contradicciones objetivas. Para que surjan fórmulas de acuerdo, tres condiciones parecen imprescindibles: la voluntad política de avanzar en la construcción de Europa, un mínimo de flexibilidad en la defensa de los intereses nacionales y el respeto de los compromisos pactados.

En ese orden, el Acta única, ratificada por los Parlamentos de los 12 países, es hoy el documento decisivo. La flexibilidad de que han dado muestras los países meridionales en las discusiones preliminares sólo podría justificarse sí existe una disposición favorable por parte de los otros miembros de la CE para materializar en el presupuesto el principio de coherencia, pilar del Acta Unica. Es decir, para duplicar, de aquí a 1992, los créditos destinados a los fondos estructurales, destinados a disminuir las diferencias entre los menos y los más desarrollados. La propuesta de duplicar esos fondos fue hecha por el presidente de la Comisión de Bruselas, Jacques Delors.

De confirmarse que Delors ha renunciado ahora a esa propuesta, con la esperanza de lograr que otros puntos de su reforma prosperen, daría un pésimo ejemplo: si la Comisión deja de lado principios básicos del Acta única perderá una fuerza moral que le es imprescindible. La posición española sobre ese punto no puede alterarse. Es un caso en que el interés nacional se identifica con la defensa de los principios básicos de la construcción europea.