62 a 13

HERRI BATASUNA optó ayer por la huida. Si verdaderamente tenía algo que decir -algo diferente, se entiende, al habitual discurso de descalificación de los demás y elogio propio-, pudo haberlo hecho en el Parlamento vasco, con o sin presencia de Yoldi. Si no lo hizo fue porque la fantasía del abertzalismo radical según la cual la legitimidad de la acción terrorista de ETA deriva de su condición de representante de todo el pueblo vasco, o al menos de su mayoría nacionalista, hubiera quedado muy gráficamente ridiculizada ante el resultado que hubiera arrojado una eventual votación entre las dos alternativas confrontadas: 62 a 13. Lo que significa que los representantes de la mayoría absoluta de los vascos -y más concretamente del 83% de los ciudadanos mayores de edad- rechazan frontalmente que exista cualquier motivo que justifique el recurso a la violencia. Y que esa mayoría considera, contra lo que defiende HB, que el Estatuto de Gernika constituye un marco jurídico-político legitimado democráticamente y capaz de dar satisfacción a las aspiraciones de autogobierno de los ciudadanos de Euskadi.El pleno de la Audiencia Territorial de Bilbao, actuando en funciones de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, denegó la autorización para que asistiera Yoldi. Su resolución es razonable. En febrero pasado, cuando los tribunales accedieron a la petición presentada por HB, Yoldi era un preso preventivo pendiente de juicio y que postulaba su candidatura a la presidencia del Gobierno autónomo. Ahora, por más que sus abogados hayan presentado recurso ante el Tribunal Supremo, Yoldi no es un simple acusado, sino una persona condenada a 25 años de cárcel. Por otra parte, su eventual presencia en la sesión parlamentaria no tenía que ver con elección alguna a celebrar en la Cámara.

La ley general Penitenciaria otorga a los jueces la facultad de conceder permisos de salida a los reclusos cuando existan para ello motivos "importantes y comprobados". Se trata, por tanto, de una facultad potestativa, nunca de una obligación. La apreciación realizada por el tribunal respecto a esos eventuales motivos parece acertada. La presencia de Yoldi no era ayer imprescindible para garantizar el derecho de Herri Batasuna a exponer ante la Cámara sus posiciones respecto a la cuestión sometida al pleno. Cualquier otro parlamentario de ese grupo -por ejemplo, su portavoz- pudo haberlo hecho, en igualdad de condiciones con los representantes de los demás partidos. Fue Herri Batasuna quien, al presentar en su candidatura electoral a una persona pendiente de juicio, asumió el riesgo de que esa persona se viera impedida, por imperativo legal, de participar en actividades parlamentarias. Por lo demás, el reglamento del Parlamento vasco autoriza la sustitución de un diputado electo por otro miembro de su candidatura. La denegación por parte del tribunal, por unanimidad, de la petición presentada por HB hace compatible el respeto a la legalidad y a los derechos políticos de los votantes de HB, por una parte, con, por otra, la evitación del escarnio -y del abuso- que hubiera supuesto la presencia en un Parlamento democrático de alguien condenado por pertenencia a banda armada, depósito de armas y estragos.

Los portavoces de Herri Batasuna, tal vez aliviados por poder escudarse en la ausencia de Yoldi para escurrir el bulto y rehuir la confrontación de sus opiniones con las de los representantes de la gran mayoría de los vascos, motejaron de "antinatura, antidemocrático y antivasco" el documento que la Cámara autonómica estaba a punto de aprobar. Con ello esos portavoces confesaban hasta qué punto habían interiorizado la derrota de la intolerancia que supone el pacto firmado la semana pasada. Esa derrota era sabida desde días atrás. Pero HB pudo elegir entre la derrota con honra -lo que hubiera significado asumir su condición de fuerza minoritaria que defiende sus convicciones ante el resto- y la derrota sin honra, consistente en gritar fuerte y darse a la fuga. Eligió la huida.