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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

El Estado, de caza

El pasado día 30 de diciembre de 1987 circulaba en dirección a La Coruña con mi familia por la autopista VI, con un vehículo Ford Sierra 2.0 litros, sobre las 11.44 y sin apenas tráfico. A la altura punto kilométrico 100 existe una señal de límite de velocidad a 80 kilómetros por hora. A 300 metros aproximadamente es parada obligatoria para hacer efectivo el peaje.Al divisar la señal mencionada reduzco la velocidad de manera paulatina y veo perfectamente un vehículo Citroen BX situado en la misma señal, con matrícula oficial, y deduzco que es un radar.

Cruzo el peaje y, sorprendenteniente, un agente hace señales para que detenga mi marcha. Solicita amablemente mi documeritáción y se dirige a su vehículo; como tardaba, me bajo y pregunto cuál es el motivo, respondiéndome que me estaba denunciando porque circulaba a 95 kilómetros por hora, habiendo límite de 80 kilómetros por hora. Le explico que es fácilmente deducible que mi vehículo se estaba deteniendo para parar en el peaje (situado a menos de 300 metros) y, por tanto, adaptándose a la velocidad señalada. La respuesta es que cumple órdenes. Debo aclarar que en todo el tramo de autopista no había ningún agente controlando las grandes velocidades a que se circula por la misma.

Deduzco que una vez más el rodillo del Estado, amparándose en la interpretación arbitraria de la ley, la utiliza para incrementar sus recaudaciones de una manera totalmente abusiva. Una vez más el Estado va de caza, pero no debemos preocuparnos porque nos bajarán los impuestos.

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¿Dónde está el peligro? ¿Circulando a 180 kilómetros por hora o a 95 kilómetros por hora en el "sino tramo? ¿Dónde está la justicia? ¿Sancionando el circular a 95 kilómetros por hora o a 180 kilómetros por hora en el mismo tramo?

He dirigido escrito al señor jefe de Tráfico de la provincia de

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Segovia, pero considero una obligación moral comunicar a la opinión pública y al Defensor del Pueblo hechos que demuestran un abuso del poder.-

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