No existe política minera

España ocupa un lugar relevante en la minería de Europa occidental, a la vez que nos encontramos a la cabeza de los índices de frecuencia de accidentes de los países de nuestro entorno, y parece necesario, antes que lamentarse hipócritamente de las muertes, tratar de encontrar sus causas.Nadie niega la importante posición de la minería española en el conjunto de la CE, y a la vez nadie puede afirmar con seriedad que exista una política minera en nuestro país. Las empresas extranjeras, en muchos casos de la CE, penetran de forma cada vez más acusada en el sector minero, pero parece que los economicistas que dirigen la programación de las políticas sectoriales sólo consideran los sectores en función del porcentaje del PIB que representan. ¿Cuál es la política en el sector de rocas ornamentales? ¿Y en el de rocas industriales o en la minería metálica? Los subsectores de punta a los que nos tienen acostumbrados los neotecnócratas al uso tienen su base, en muchos casos, en nuevos materiales, y los nuevos materiales han de proceder en un gran porcentaje de la minería. No existe política minera y ni siquiera se conoce cuándo llegará a las Cortes el proyecto de ley de Bases de la Minería. Solamente con el nuevo sistema de contratación de carbón térmico podría parecer que existe una política en el sector del carbón; sólo una observación: ¿dónde están las partidas necesarias para investigación? Pienso con tristeza que se puede llegar a ayudar con dinero público a empresas que presenten unos resultados contables de reducción de pérdidas, pero que no resistirían una auditoría tecnológica. Los recursos mineros son un bien público, y sin la existencia de una precisa política minera no es posible una actuación empresarial seria, generándose operaciones especulátivas, falta de tecnificación empresarial...

En la Comunidad de Castilla y León se realizó un Plan Integral de Seguridad Minera; sus actuaciones han ido languideciendo a lo largo de 1987, hasta haber desaparecido en la actualidad. Todo el mundo, en mayor o menor grado, ha alabado el plan, pero los que tienen el poder para poner en práctica las consecuencias obtenidas no lo hacen:

- La gestión de la seguridad debe hacerse en el marco de unas relaciones industriales democráticas; empresas, sindicatos y Administración deben participar en el órgano de gestión, participación que no debe ser paritaria, ya que las muertes se dan entre los trabajadores.

- El personal al servicio del órgano gestor no debe 'ser un conjunto de funcionarios. Las tecnologías, las disciplinas a utilizar, son muy variadas y cambiantes, y no se puede pretender que los funcionarios seamos una especie de semidioses que dominemos el conjunto de amplios aspectos que influyen en la seguridad de una explotación minera.

- La gran cantidad de deficiencias encontradas en las minas inspeccionadas hizo que la Administración central habilitase una línea de créditos blandos para la realización de inversiones que mejorasen la seguridad.

Créditos sin utifizar

Nadie podrá decir que los accionistas, incluso los mayoritarios, no están preocupados por la seguridad en la minería, pero, simultáneamente, es evidente que las empresas, acaso más interesadas en la lógica de los números que en la seguridad de los hombres, no han utilizado la línea de crédito que se les ofrecía. Entiendo que la lógica de los números haría que las empresas invirtiesen en seguridad si el accidente resultara caro, y existen herramientas, política de cotizaciones, etcétera, para conseguirlo.

- El estatuto del minero resulta, en muchos casos, inaplicable en la práctica, como la imposibilidad real de la existencia de delegados mineros de seguridad en gran número de empresas, a pesar de lo señalado en el estatuto, o la falta de formación del trabajador, cuando en el estatuto se establece como un derecho. Es necesario modificar el estatuto y aplicarlo de forma tal que en toda explotación exista delegado minero de seguridad y que los trabajadores hayan recibido la formación adecuada al trabajo que realizan, llegando incluso a prohibir los contratos eventuales para determinados trabajos.

- En la práctica no existe formación profesional minera en el país, ni en las cuencas mineras más importantes ni fuera de ellas. Estamos ante la paradoja de que el Estado gasta dineros públicos, en las propias cuencas mineras, para formar a jóvenes que salen de las escuelas de formación profesional con conocimientos no aplicables en su entorno y que engrosan las filas de parados, y no existe formación reglada en minería, ni se planifican actuaciones en el campo de la formación no reglada que traten de cubrir el vacío producido por la falta de escuelas adecuadas.

Ante las muertes producidas, corremos el peligro de que se planteen acciones, incluso con la mejor voluntad, que no hagan otra cosa que cubrir el expediente con vistas a la galería. Si la sociedad está verdaderamente sensibilizada por los problemas de la seguridad minera, ha de exigir que se tome en serio nuestra minería. Nuestros representantes, todos, unos en funciones de gobierno y otros en tareas de oposición, unos con responsabilidades a nivel estatal y otros a nivel autonómico, tienen que encararse con la problemática minera del país estableciendo una política minera hoy inexistente, desarrollando las normas legales necesarias para que los órganos de gestión de la seguridad estén gobernados por los implicados, estableciendo en las correspondientes leyes de presupuestos programas concretos con dotaciones y objetivos claros en relación con la seguridad minera, dictando las disposiciones legales necesarias para que a las empresas les resulte caro un accidente, modificando y haciendo cumplir el estatuto del minero para que los derechos de los trabajadores que se proclaman en él sean una realidad, y acometiendo la planificación de la formación, tanto reglada como no reglada, que necesitan los trabajadores, no sólo con objeto de mejorar la seguridad, sino de mejorar el sector en su conjunto.