La CE insta a España a reducir a la mitad el régimen de distancias entre gasolineras

La Comisión Europea ha enviado una comunicación oficial al Gobierno español, en forma de dictamen motivado (avis motivé), en la que reitera la necesidad de que se autorice la construcción de naovas estaciones de servicio en territorio español, con una reducción a la mitad de las limitaciones de distancias mínimas actualmente existentes. La Comisión ha exigido también, a riesgo de llevar la disputa al Tribunal de La Haya, que se abra el mercado español, de forma inmediata y total, a la importación y venta de butano,y gasóleo de calefacción procedentes de los países comunitarios.

La comunicación comunitaria, que lleva fecha del 22 de diciembre pasado, suaviza en gran medida el fondo y la forma de la anterior carta oficial (denominada "puesta en mora" o misse en demeure, en terminología comunitaria), enviada poco después del verano por la Dirección General para la Competencia (DG-4) de la Comisión. Asimismo reduce a sólo dos cuestiones (régimen de distancias e importación de gasóleo y butano) la complicada disputa que Madrid y Bruselas mantienen desde la adhesión española a la Comunidad en torno a la adaptación del sector petrolero español a la normativa de libre competencia comunitaria.Bruselas había dado un plazo de 15 días a Madrid para responder al emplazamiento jurídico comunitario, que supone el envío de un dictamen motivado, el primero que recibe España en su breve historia como miembro de pleno derecho de las Comunidades Europeas. Pero el Ministerio de Industria y Energía, a través de sus responsables energéticos, ha solicitado una ampliación del plazo de respuesta hasta el próximo 30 de enero, bajo el argumento del impacto en el trabajo producido por las pasadas fiestas navideñas.

Aunque la respuesta oficial española está siendo preparada en estos días, fuentes solventes oficiales han anticipado que es previsible que, en aras de evitar una confrontación jurídica ante los tribunales comunitarios, cuyas repercusiones serían imprevisibles por el tiempo que se tomaría, España acepte la reducción solicitada en el régimen de distancias entre gasolineras. Industria está convencida, después de diversas consultas con el sector afectado, que es más importante para defender los intereses nacionales preservar el actual régimen concesional que regula la instalación de gasolineras que intentar contrarrestar les argumentos comunitarios para reducir la distancia mínima en kilómetros para construir nuevas estaciones de servicio.

En el dictamen motivado, la CE parece haber aceptado, al no hacer ninguna mención, la serie de problemas (distribución geográfica, condiciones mínimas de los operadores, etcétera) que la Comisión había planteado en otras comunicaciones o en las conversaciones mantenidas al respecto. A este fin, Industria se habría comprometido a publicar en los próximos meses una serie de decretos y disposiciones administrativas que de una manera efectiva completasen el abanico de medidas liberalizadoras en mercados y precios que estaba previsto que se realizasen al final del período transitorio en 1992.

Varios decretos

En uno de los decretos, que se publicará en el primer trimestre de este año, Industria permitirá la apertura de una red paralela a la actual de Camposa para la distribución de productos petrolíferos importados procedentes de la CE. Con ello desaparecerá la obligatoriedad de vender los productos carburantes a Campsa por parte de los operadores al por mayor. En un segundo decreto se reforma la normativa del operador al por mayor a efectos de reducir la condicionalidad excesiva para acceder a dicho estatuto. Un tercero regulará el acceso a los grandes consumídores de fuel (cementeras, eléctricas, etcétera) por parte de las empresas multinacionales. Y un cuarto completará las cuestiones pendientes relativas a otros productos como naftas, carburantes de aviación y navegación, etcétera.

Industria tiene previsto también proceder a una amplia liberalización de los precios de los productos petrolíferos, que se realizará en un plazo de dos años a partir de la fecha decidida para la liberalización de los mercados. La idea es establecer un sistema de precios máximos para los diferentes productos, por entenderse que de esta forma se protege a los consumidores y a las empresas nacionales. Para 1990 es previsible, en este sentido, que se haya liberalizado el precio de uno de los productos más tentadores para su distribución: las gasolinas.

Los responsables energéticos del Ministerio de Industria estiman que el proceso de liberalización, aparte de acomodarse al proceso de negociación mantenido con Bruselas, beneficia también a las empresas del sector petrolífero, que así podrán acometer sus planes de mejora de competitividad con mayor antelación y no esperar a la fecha límite de 1992, cuando termina el período de adaptación a la normativa comunitaria.