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No habrá portazo ni castigo

Francisco G. Basterra

Estados Unidos no dará un portazo en España si finalmente tiene que sacar sus aviones F-16 de Torrejón, porque las relaciones entre los dos países "son demasiado importantes y, no son sólo las bases", declaró a éste periódico un alto cargo de la Administración de Reagan. Nadie en el Pentágono considera seriamente la posibilidad de que deba hacerse pagar un precio en el futuro al Gobierno socialista. "No es nuestra política", añadió la citada fuente.Vernon Walters, embajador de EE UU ante la ONU, afirmó recientemente a la revista El Globo, que los norteamericanos "no lo olvidaremos" si tenemos que irnos de España. Otros medios han señalado que existe un sector de la Administración, sobre todo en el Pentágono, que desearía castigar a España y hacerle pagar un precio por la salida de los F-16, para demostrar a otros países con bases de EE UU que la expulsión de los norteamericanos no será nunca gratuita.La Prensa norteamericana ha redoblado en los últimos días su interés por la negociación. Denuncia la insolidaridad atlántica de Felipe González, que quiere tener lo mejor de los dos mundos -estar en la OTAN, pero no compartir las cargas-, y dramatiza diciendo que, con el ejemplo español, la red norteamericana de bases por todo el mundo "comienza a deshacerse, cuando el desarme nuclear las hace más importantes que nunca".

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España comienza a ser presentada como una segunda Francia, país que en 1967, bajo el general De Gaulle, se retiró de la estructura militar integrada. Esta insistencia de los medios de comunicación norteamericanos, encabezada muy especialmente por The Washington Post, incidirá probablemente en el Congreso, que verá aún más negativamente la posición española. El Parlamento es especialmente sensible a la acusación de que Madrid no quiere compartir las cargas de formar parte del club atlántico, en un momento en el quie el Congreso comienza a plantearse por qué seguir sufragando una presencia militar estadounidense tan fuerte en Europa.

Esta impresión es compartida por funcionarios norteamericanos y por fuentes diplomáticas españolas aquí, que estiman urgente una minicampaña de respuesta ante la opinión pública estadounidense.

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