El Congreso de los Diputados acuerda regular las técnicas de reproducción asistida

El Pleno del Congreso aprobó ayer la tramitación del anteproyecto de ley que regulará la inseminación artificial, la fecundación in vitro con transferencia de embriones y la transferencia de gametos (células sexuales masculinas y femeninas) cuando estén científica y clínicamente indicadas y se realicen en centros autorizados. Asimismo, el Pleno aprobó una iniciativa de Izquierda Unida sobre el Sáhara Occidental.

La proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista, que fue aprobada por 273 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, es, según dijo el portavoz socialista Marcelo Palacios, "una respuesta a las nuevas técnicas de reproducción asistida" para la "defensa de los derechos y libertades humanas", informa Efe.La totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios expresaron su apoyo a la existencia de una regulación de estas técnicas de reproducción, aunque, sin enbargo, coincidieron en afirmar sus cautelas y reservas a algunas de las cuestiones que aborda el anteproyecto y anunciaron la presentación de enmiendas.

En la exposición de motivos del anteproyecto se indica que en España son 2.000 los niños nacidos gracias a estas técnicas en los último 4 años y que se calcula que hay unas 700.000 parejas estériles casadas y en edad fértil, de las que el 60% podrán beneficiarse del conjunto de estas técnicas.

El portavoz de Coalición Popular Ricardo Mena, dijo que, a pesar de las contradicciones, errores, discrepancias y ausencias que tiene el anteproyecto, su grupo votaría a favor y advirtió de la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Mostró su rechazo a las disposiciones adicionales del anteproyecto que hacen referencia a dos previsibles aplicaciones de estas técnicas como "la gestación de sustitución y la gestación en la mujer sola", porque, señaló, "son variantes sociales y jurídicas, pero no médicas".

El artículo tercero prohíbe la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana y el mantenimiento in vitro de los óvulos fecundados más allá de 14 días, así como su comercio y utilización industrial o cosmética.

El Pleno del Congreso aprobó también ayer una proposición no de ley de Izquierda Unida, sobre el Sáhara Occidental. En la votación de la iniciativa se abstuvo el Grupo Popular, partidario de que los acontecimientos en el Sahara discurran sin ningún tipo de interferencias. Esta proposición, defendida por Nicolás Sartorius, recoge el apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara occidental (alto el fuego y referéndum), iniciativas para favorecer en referéndum de autodeterminación, embargo por parte de España de la venta de armas a Marruecos y restablecimiento de la representación diplomática o estado de presencia oficial del Frente Polisario en España, informa Europa Press.

El Grupo Socialista, a través del diputado Miguel Ángel Martínez, se mostró contrario a los dos últimos puntos "por razones de política exterior", y sustituyó el texto de la iniciativa de IU por otro, a través de una enmienda a la totalidad que apoyaron casi todos los grupos parlamentarios.

Juan María Bandrés, de Euskadiko Eskerra, fue el único diputado de los que intervinieron, que apoyó sin reservas los cuatro puntos de la iniciativa de Izquierda Unida. Señaló que el comportamiento de España con el pueblo saharaui, en noviembre de 1975, fue "bochornoso", y recordó que los niños saharauis están estudiando actualmente el castellano en unas condiciones difíciles en medio del desierto.

Investigación sobre Galerías

El Pleno decidió también rechazar la solicitud de Coalición Popular de crear una comisión de investigación parlamentaria para estudiar la gestión pública y la reprivatización del holding Rumasa, y en especial el proceso de reprivatización de Galerías Preciados. La moción, defendida por el portavoz Luis Ramallo, tuvo 159 votos en contra, 104 a favor y 19 abstenciones. A la moción de Coalición Popular se adhirieron, con reservas, el CDS, el PDP y el PL y votó en contra Minoría Catalana.

Ramallo aseguró que la negativa gubernamental a crear la comisión "se debe al miedo a afrontar la propia responsabilidad y a un total desconocimiento de lo que es una democracia parlamentaria". El portavoz socialista Eduardo Martín Toval recordó que el Tribunal de Cuentas inició en febrero una investigación sobre el proceso de reprivatización de Rumasa y añadió que el Grupo Socialista ha requerido al tribunal para que presente su informe a la Cámara antes del 31 de marzo de 1988, por lo que resulta innecesaria una comisión parlamentaria de investigación.