La oposicion frustrada

EL RESULTADO del concurso-oposición celebrado recientemente para cubrir una plaza de catedrático en la universidad Complutense, en la que el tribunal ha preferido a un profesor de la casa, el vicerrector Adolfo Arias, frente al catedrático de la universidad Nacional de Educación a Distancia Emilio Lledó, ha descubierto las deficiencias del sistema que establece la ley de Reforma Universitaria para designar a los jueces.En el sistema antiguo, los cinco miembros componentes del tribunal salían por sorteo entre todos los catedráticos de la especialidad. Actualmente, la propia universidad propone al presidente y al secretario, lo que en la práctica equivale a garantizar dos votos para el candidato de casa, si es el que se prefiere.

En un sistema democrático ningún ejercicio de poder debe encontrarse exento de controles. Las decisiones de todos los jueces pueden ser revisadas por otras instancias. Sin embargo, parece darse el caso peregrino de que un grupo de funcionarios académicos quede libre de cualquier supervisión. En la ley de Reforma Universitaria se preveía que para casos discutidos como el que ahora se ha producido con Emilio Lledó se pudiera recurrir al Consejo de Universidades, tras ser examinado por una comisión de sabios de la propia universidad. No obstante, esta disposición no prosperó: el Tribunal Constitucional, formado por una mayoría de catedráticos de Universidad, decidió que tal segunda instancia violaba la autonomía consagrada por la Constitución.

La suposición de que las personas se transforman en absolutamente ecuánimes y sabias cuando acceden a la carrera funcionarial es extender demasiado los beneficios que de una oposición se reciban. Más prudente sería que la sociedad se dotara de un procedimiento que descubra la inequidad académica y la falta de fomento a la calidad de la enseñanza, si se produjeran.

El fallo del reciente concurso-oposición ha causado escándalo en amplios ámbitos universitarios, especializados justamente en las disciplinas que enseñan los opositores, porque ha asombrado que los abundantes méritos de uno de ellos quedaran sin un solo punto en la calificación final. Aparte de la contrastada vocación pedagógica de Emilio Lledó, de la que son tributarios ya miles de alumnos, parece extraño que el valor de sus condiciones académicas se igualara a cero. Ha sido esto, especialmente, lo que a profesores y a alumnos ha hecho sospechar sobre la justicia con que se dilucidó la plaza. Pero además, si esto resulta así en el caso eminente de Emilio Lledó, ¿cómo no temer que actuaciones similares se hayan producido y se reproduzcan al abrigo de tribunales tentados a mirar más los intereses de los próximos que la capacidad de los aspirantes?

La mera posibilidad, hoy existente, de que las autoridades académicas se conviertan, por feudos, en juez y parte, degenera el ya deteriorado ambiente universitario. La LRU mejoró las expectativas educacionales pero ha introducido componentes gremialistas que, en su exasperación, desembocan en escándalos como éste. Un escándalo que no es el primero ni será, a menos que varíen las condiciones, el último.