Tres capitanes de la Armada procesados tienen carné de AP y siguen en sus destinos

Los tres tenientes de navío de la base de Rota procesados por abandono de destino -véase EL PAÍS del pasado viernes- están afiliados a Alianza Popular (AP), y uno de ellos incluso ha realizado estudios técnicos para el Grupo Popular del Congreso, pese a lo cual siguen en activo, según fuentes de Defensa. Se trata de un caso único en los Ejércitos, ya que los militares tienen prohibido afiliarse a partidos políticos.Los procesados son los hermanas Salvador y José María Moreno y Luis Fernández de Mesa. Los tres, pilotos de la VIII Escuadrilla, solicitaron hace cuatro meses el retiro, pero sus superiores les negaron esa posibilidad, argumentando que entre 1981 y 1982 habían realizado un costoso curso de piloto en EE UU -Defensa asegura que el curso costó 102 millones de pesetas por cabeza- y que, según normativas de 1953 y 1982, deben permanecer en la Marina al menos ocho años tras finalizar el curso.

Pero también existe una normativa especial en la Armada que fija en cinco, y no en ocho, el número de años que se debe permanecer tras realizar esos cursos.

Ante la negativa a concederles el retiro, los capitanes se acogieron a un decreto de 1977 por el que los militares que pasan a desarrollar actividades políticas deben abandonar los ejércitos. De entrada, se afiliaron a AP. Uno de ellos, por ejemplo, hizo para AP un trabajo sobre la base de Torrejón.

El artículo 9º, apartado 4, de ese decreto dice que, "presentada la solicitud (para dedicarse a actividades políticas o sindicales), se entenderá concedido el pase a la nueva situación (retiro)". "El Ministerio (de Defensa) publicará, con carácter urgente, la pertinente orden", se añade.

Traslado a Madrid

Los tres afectados esperaron varias semanas la respuesta de Defensa, y como ésta no llegaba, el 2 de noviembre se trasladaron a Madrid y dejaron sus destinos en Rota. El día 15 de ese mes se les comunicó su procesamiento. Tras presentarse al juez militar, se les ordenó que se incorporaran a sus destinos.

Desde entonces cumplen sus horarios de trabajo como militares en activo, pero siguen afiliados no sólo a AP, sino también al Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas.

Desde Defensa se afirma que existe "una complejidad jurídica notable" en estos casos, pero que "los tribunales tendrán que decidir". Añaden en el departamento que, tras presentar su solicitud para dedicarse a la política, los afectados no pueden ser sancionados por estar afiliados a AP, pero que siguen siendo militares.

El titular de Defensa, Narcís Serra, comunicó la pasada semana a los afectados que tampoco se les autorizaba pasar al retiro para dedicarse a actividades políticas, pero, sin embargo, pueden realizarlas. En el escrito remitido por Serra se indica que la concesión del retiro "implicaría un fraude a la ley".

Según fuentes de Defensa, la razón oficial para negarles a los tres capitanes el pase al retiro está basada en el citado margen de ocho años. Añaden que "el motivo real" por el que desean irse los tres militares es el de incorporarse a una compañía aérea.

Fuentes próximas a los afectados admiten que presentaron una solicitud en Iberia y que han pasado una preselección, pero que la propia compañía ya certificó que no tiene vínculos laborales con ellos. Por ello, tienen previsto recurrir de inmediato contra la resolución de Serra.

En el delito del que se les acusa -abandono de destino- incurre todo militar que deje sin justificación su puesto durante más de tres días. Este delito se castiga con una pena máxima de seis años de prisión, según el Código penal militar.