Vecinos desalojados de unas viviendas impiden los cultos en una parroquia de Sevilla

Un grupo de 40 personas, 20 adultos y 20 niños, que el sábado fueron desalojados de las viviendas que ocupaban ilegalmente en La Algaba (Sevilla) realizan un encierro en la iglesia parroquial de esta localidad de unos 13.000 habitantes, donde, desde el martes, tras sostener un enfrentamiento con otros vecinos, impiden la celebración de los actos religiosos al insistir en mantener cerradas las puertas del templo. Los encerrados explican su actitud aduciendo que tienen miedo de ser agredidos por sus vecinos.El pasado martes, celebración de la Inmaculada Concepción, estaba previsto celebrar dos bodas en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, donde los encerrados permanecían alojados desde el sábado. Según los encerrados, cuando la comitiva de la primera de estas bodas se acercaba al templo, ellos mismos se asomaron a la puerta del edificio "por curiosidad". Fue entonces, según los mismos, cuando los familiares y amigos de los novios comenzaron a insultarles e incluso llegaron a agredir a alguno de los niños que correteaba por la iglesia.

El párroco del pueblo, Juan Antonio Hernández, ha desmentido a este periódico la gran cantidad de rumores que circulan por el pueblo sobre actos presuntamente sacrílegos cometidos por los encerrados en el interior de la iglesia. Hernández aseguró que el comportamiento de los encerrados es correcto en todo, momento y que no ha tenido ningún problema con ellos.

Las 50 viviendas de la barriada García Lorca, de La Algaba, fueron ocupadas el pasado 11 de julio, cuando aún no disponían de servicios elementales como cañerías y alumbrado público. La ocupación provocó entonces una fuerte tensión no sólo con las autoridades sino también con los vecinos del pueblo, ya que existen 460 solicitudes para vivir en estas casas y muchos de los ocupantes no las habían cursado.

El pasado 23 de noviembre se realizó un primer desalojo de estas viviendas, de manera pacífica pero en presencia de numerosos efectivos de la Guardia Civil. Un total de 14 familias, las que ahora realizan el encierro, permanecieron en las casas hasta el sábado con permiso de las autoridades ya que no tenían donde ir. Mientras tanto, las negociaciones entre el alcalde y sindicalistas de CC OO del pueblo no dieron resultado y culminaron con el definitivo desalojo del sábado.

Los encerrados culpan al alcalde, José María Torres, de IU, de su actual situación, ya que, según aseguran, ha incumplido sus promesas de no desalojarles hasta que no tuvieran un hogar donde ir. Francisco José Troya, teniente de alcalde, también de IU, asegura que tanto la noche del primer desalojo como la del pasado sábado los afectados, rompiendo la negociación, se congregaron ante el domicilio particular del alcalde, donde le amenazaron e insultaron.